Ordenamiento territorial

La gran mayoría de los problemas sociales y de subdesarrollo económico que afectan a la población colombiana, se derivan de la inadecuada o en algunos casos ausencia total de planificación en la inversión de los cada vez más escasos recursos públicos.

El otro factor que incide de manera determinante, es el ineficiente funcionamiento de las autoridades y organismos del Estado, cooptados por la politiquería y la corrupción; pues lo que interesa es satisfacer necesidades comunitarias focalizadas en veredas, municipios y departamentos en los cuales se garantice el apoyo electoral para elegir Alcaldes, gobernadores o Congresistas, sin importar que tales inversiones contribuyan realmente a mejorar la calidad de vida de la población.

Pero la mayor debilidad institucional del Estado colombiano se refleja hoy en la ausencia de políticas públicas estructuradas, planificadas y dirigidas a disminuir los niveles de inequidad y a promover el desarrollo armónico, los cuales son indispensables para lograr la sana convivencia social y la competitividad de nuestra economía en el mundo globalizado de hoy.

Sin embargo, podrían corregirse tales deficiencias y ello no bastaría para alcanzar los propósitos de generar riqueza colectiva que permita alcanzar el sueño de una sociedad próspera y en paz.

Cuando se observa con atención la evolución histórica de las sociedades modernas que han alcanzado altos niveles de desarrollo económico y bienestar social; se encuentra la existencia de una estrategia sistemática y coherente fundamentada en el adecuado ordenamiento de su territorio y uso del suelo, factor ineludible de una buena planeación que se expresa en responsable protección de la biodiversidad; el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales; el estudio científico y técnico de la utilidad de los suelos; elementos con los cuales la inversión pública logra alcanzar el objetivo de hacer realidad los fines esenciales del Estado.

En éste escenario de la planeación estratégica podríamos encontrar el principio de solución a muchos de nuestros problemas sociales y económicos. El conflicto social que hoy padecemos y que podría incrementarse pasa por articular las competencias entre la Nación y las Entidades Territoriales.

Los recientes enfrentamientos jurídicos y políticos que la Corte Constitucional ha pretendido dirimir, en relación con la explotación de los recursos minero-energéticos; en donde si bien es cierto el subsuelo es propiedad de la Nación, representada por las ramas ejecutiva y legislativa; pero donde la soberanía popular que se expresa a través de los mecanismos de participación ciudadana como La Consulta Popular, también tiene indiscutible rango constitucional; constituye la mejor oportunidad para que en los territorios sus comunidades puedan decidir en franco diálogo social cuál es el mejor uso de sus suelos y el más adecuado y conveniente ordenamiento de su territorio, sin sacrificar las oportunidades de obtener recursos importantes derivados de la industria extractiva.

La nefasta ideologización política que se ha pretendido estimular en plantear el falso dilema entre agua y vida o petróleo y minerales; ha alcanzado ciertos niveles de crispación social en muchas regiones del territorio, circunstancia que coloca en alto riesgo la sana convivencia social en éstos tiempos del llamado pos-conflicto.

Conviene entonces que quienes se preparan a incursionar en las próximas elecciones regionales actúen responsablemente, definiendo como primera prioridad de sus propuestas programáticas, el ordenamiento del territorio y buen uso del suelo donde pretenden gobernar, para lo que es muy importante que empiecen por conocer, estudiar y asimilar los criterios desarrollados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial hoy vigente en Colombia.