Órganos de control, con menor riesgo de corrupción

Fueron evaluadas 85 instituciones de las tres ramas del poder público y órganos autónomos de regulación y control.

Los indicadores obtenidos no son nada alentadores. Las calificaciones en promedio sólo logran un nivel de riesgo medio de corrupción con 67,4 sobre 100 puntos. Menores son los riesgos de corrupción en los órganos autónomos encargados de controlar y vigilar, con una calificación promedio de 71,9, mientras que las ramas judicial y legislativa muestran las alertas más graves, al obtener promedios deficientes: 59,1 y 34,9 respectivamente. La rama ejecutiva obtiene apenas un promedio de 68,1.

El Índice cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo esta última el mayor puntaje posible. Los niveles de riesgo son el bajo (89,5-100), moderado (74,5-89,4), medio (60-74,4), alto (44,5-59,9) y muy alto (0-44,4).

Según Transparencia por Colombia, el promedio general obtenido por las entidades nacionales es una pobre calificación para un conjunto crucial de entidades en el país, que también se refleja en los promedios de los tres factores que estructuran la evaluación (visibilidad, institucionalidad y control y sanción).

El primero es que prevalece la opacidad en la divulgación de información básica sobre el proceso de gestión administrativa, sobre el proceso de gestión administrativa, sobre trámites y sistemas de atención al ciudadano. En el acápite sobre este factor se señala cómo estos indicadores están por debajo de los 70 puntos.

El siguiente aspecto es que aún no se configuran de manera óptima procesos y procedimientos claves para la eficiencia y la anticorrupción. “Cuatro indicadores con calificaciones por debajo de los 70 puntos en temas cruciales, unos tradicionales y otros nuevos. Entre los temas tradicionales que quedan en deuda esta gestión de la contratación y gestión del talento humano, mientras que abordajes nuevos en la gestión pública como las medidas y las políticas anticorrupción, y las políticas de comportamiento ético quedan por debajo de los 60 puntos”.

El tercero indica que más de dos décadas con medidas de fortalecimiento de la participación ciudadana aún no logran transformar los diseños institucionales y las prácticas a favor de la intervención de la ciudadanía en la gestión y del diálogo permanente con la gente. Los indicadores de promoción del control social y rendición de cuentas obtienen calificaciones entre los 50 y 60 puntos.

“Desde hace varias décadas, diversas expresiones organizadas del país señalan que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento de la democracia colombiana es el desequilibrio de poderes, que se expresa en la fragilidad de la rama legislativa y judicial en relación con la rama ejecutiva y los órganos autónomos. Esta evaluación refleja, igual, esta situación. Ambas ramas quedan por debajo del promedio general. Las funciones de control político y de garantía del acceso a la justicia no cuentan con el músculo institucional necesario, como tampoco con las barreras obligadas para contener la acción de los corruptos”, explica Transparencia por Colombia.

Además, mejor es la situación que presenta la rama ejecutiva, superada con creces por los órganos autónomos y el Banco Emisor. Esto último se constituye en un hallazgo positivo de este informe, pues si bien se espera que todas las entidades del Estado cuenten con diseños institucionales que les permitan cumplir con su función, al tiempo que garanticen la protección de los recursos que manejan frente a los intereses de los corruptos, son las entidades encargadas de regular, controlar, investigar y sancionar las que deben tener las calidades más altas; mostrar integridad permite exigirla.

Por último, la ONG al revisar el comportamiento de las ramas del poder con respecto a los distintos factores que analiza en Índice, observa comportamientos coherentes en relación con el promedio general. Sin embargo, emergen calificaciones que difieren de la tendencia. En primer lugar, la calificación de más de 90 puntos del Banco Emisor en el factor Control y sanción; en segundo lugar, las muy bajas calificaciones de este mismo factor en las ramas judicial y legislativa. Finalmente, la pobre calificación de la rama legislativa en el factor Institucionalidad, y la casi única nota regular de la rama en Visibilidad. “La situación ya está enunciada: entidades autónomas en mejores condiciones que las ramas del poder público y, entre las ramas del poder público, sólo el poder ejecutivo logra repuntar”, sentencia Transparencia por Colombia.