Ácido criminal
Desde ayer echar ácido en la cara es una conducta criminal. Así quedó establecido en la nueva ley que lo considera como un tipo penal propio.
De acuerdo con la ley, una persona que incurra en esta práctica, no solamente es un criminal sino que puede llegar a pagar hasta 50 años de cárcel.
Esta ley se suma a la reciente reforma que estableció la sanción penal por incurrir en el feminicidio. Es decir, hay una gama de tipos penales que han entrado a proteger a la mujer, pues la legislación tiene un interés especial en proteger el sexo femenino.
Pero más que el espíritu coercitivo que el Estado plantea para eliminar esta conducta, lo que se debe promover son medidas educativas que desde temprana edad incentiven el respeto al sexo opuesto.
El odio a la mujer, por su sola condición sexual demuestra mucho el tipo de sociedad en la que estamos. La intolerancia como motivación de la ‘justicia por su propia mano’ y como respuesta a la falta de justicia, se impuso.
Lo que sucede es que en el sistema penal hay una primacía de la forma sobre el fondo, lo que ha permitido que muchas conductas punibles queden en la impunidad, y que simplemente no haya sido expedita la justicia, razón por la cual se ha generado una sensación de falta de efectividad en el aparato judicial (recordar el caso Colmenares).
Pero este tema de fondo no se toca mucho en los espacios del Senado. Sí se presentaron reparos por parte del Consejo de Política Criminal, sin embargo, el proyecto pasó y ayer el presidente lo sancionó.
En este sentido, las penas irán entre 21 y 30 años si la agresión causa deformidad o daño permanente en la víctima; se elevarán una tercera parte si la conducta ocasiona deformación en el rostro, y pueden llegar hasta los 50 años si es cometida contra una mujer o un menor de edad.
Igualmente, quienes cometan estos delitos no tendrán beneficios como la prisión domiciliaria, y se dispone que el Gobierno elabore una política pública para garantizar que las víctimas de los ataques con estas sustancias tengan atención médica y psicológica.
De modo que instamos al Gobierno Nacional a acompañar esta nueva ley con una gran campaña de tolerancia. Algo malo debe pasar en un país donde sólo hay 32 universidades públicas y más de 130 cárceles. Estamos preparados para castigar pero no para educar.
