¡Levántate lázaro!

En la frustrada reforma había aspectos buenos e interesantes para mejorar la administración de justicia que vienen clamando a gritos su reestructuración,  como el gobierno de la rama, el presupuesto, el acceso a la justicia, etc.    Sin embargo, a la hora de "nona" se introdujeron algunos temas que dejaron mucho que desear y mostraron cierto tufillo de componenda entre un sector del Congreso y otro de la Magistratura.  Se aumentaba la edad de retiro forzoso y el período pasaba a ser de doce años; si ello es bueno o malo, habrá que discutirlo, lo perverso es que se aplicaba a los Magistrados en ese momento en ejercicio del cargo.   A cambio, se modificaba el tema del aforamiento para los congresistas y se fortalecía la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Fué tal la reacción de la opinión pública que no quedó otro camino que buscar la manera de retrotraer lo reformado y vino entonces el Decreto Presidencial cuya validez discute la comentada ponencia, se dice que el Presidente de la República no podía convocar a secciones extras al Congreso para discutir una reforma constitucional y que además ésta ya estaba aprobada y solo faltaba su publicación, razón por la cual el Congreso no tenía capacidad para revocarla.   El Alto Tribunal va a pronunciarse, pero con todo respeto opinamos que la totalidad de los magistrados deben declararse impedidos, pues existe un interés indiscutible en cada uno de ellos, en razón que su período pasaría de ocho a doce años.  Solo conjueces pueden por tanto estudiar dicha demanda.

Si se llega a caer el Decreto Presidencial, competencia  del Consejo de Estado, es discutible que lleve de contera y de inmediato la caida del contra acto legislativo que hecha para atrás la reforma, pues  ello es competencia de la Corte Constitucional, como todos los aspectos formales y de fondo discutidos y aprobados en el Congreso frente a la reforma.    Es discutible incluso que este organismo pudiera elevar el periodo de magistrados actuales, que fueron elegidos por ocho años, que no pueden ser reelegidos por mandato constitucional.   Por cuenta del Congreso cuatro años más, no es cosa distinta que sustituir la Constitución por acto legislativo.

Hay que recuper la sínderesis, pareciera que el Estado estuviera dando palos de ciego, donde resulta mas peligroso el remedio que la enfermedad.  Lo mejor sería que como planea el Gobierno, se discuta un Reforma a la Justicia, en forma abierta, amplia y sin permitirle espacio a quienes puedan tener interés en ella.