Víctimas, racismo y paz

Las razones de esta acción constitucional se dieron luego de que un grupo de comunidades negras, afirmaran que no los tuvieron en cuenta en la elaboración de este proyecto, tal y como lo indica  la ley.

Para ellos es claro que los obviaron, en otras palabras, pasaron por encima de lo que significan ellos como comunidades especialmente protegidas por la Constitución.

Este reclamo, que aparentemente es justo, nos traslada a un escenario judicial que se ha convertido en el espacio natural para que todos los colombianos pidamos los derechos que se supone son adquiridos desde el mismo momento en que reconocemos la Constitución.

Por ahora la tutela estará en manos de un magistrado que en menos de dos días definirá sí le ordenan al presidente del Congreso detener su trámite y regresar el proyecto a las consultas previas con las comunidades antes de que el Plan de Desarrollo sea una realidad.

Este hecho lamentable contrasta con las ambiciones de paz, pues si vamos a construir un Plan de Desarrollo este debe ser incluyente y se debe ajustar a todas las comunidades minoritarias del país, empezando con las de color.

No se puede seguir victimizando a ciudadanos desde el papel, ni clasificándolo por categorías: todos en consonancia con la Constitución son iguales.

Por otro lado, y entendiendo los tipos de víctimas, vale la pena recordar lo que ayer precisamente el procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado,  advertía acerca de las cifras de las víctimas. Donde sugería una desactualización e incoherencia.

Valdría la pena analizar por qué tanto descuido con las víctimas, si solo poniendo un especial cuido en ellos podremos alcanzar la paz, que por estos tiempo tanto se predica.

Debemos reiterar que las comunidades minoritarias no pueden seguir excluyéndose y  victimizándose como si fueran de segunda categoría, por esto, ha tomado gran connotación el hecho de la tutela mencionado, que no tiene otro propósito que el de hacer cumplir un derecho fundamental inspirado en la no discriminación.