Vuelve y juega
Julio César Triana
Hace unos días, escribí en este espacio sobre la forma avasalladora como algunas autoridades nacionales se volcaban en defensa de los intereses de algunos conglomerados económicos como las azucareras, cuestionando decisiones de otros órganos públicos como las de la Superintendencia de Industria y Comercio, que los sancionó -y confirmó las medidas impuestas- por actos contra los consumidores.
Y cuestioné aquellas reacciones porque en cambio, cuando EMGESA, una empresa que se ha dedicado a lesionar los intereses de los huilenses y burlarse de cuanta autoridad le sale al paso a frenar sus arbitrariedades, ninguna autoridad nacional se pronunciaba para amparar nuestra comunidad huilense directamente afectada y más aún, la comunidad se pronunciaba sobre los daños que venía causando al ecosistema y medio ambiente del sector de influencia.
Hoy tengo que registrar, con perplejidad, la desfachatez de muchas más autoridades nacionales del gobierno y ajenas a él, entre ellas algunas que constitucionalmente tienen asignada la defensa de los derechos de la población, dedicados desde el año anterior a presionar de múltiples maneras a la rama judicial para adoptar decisiones en favor de la comercializadora de energía, con pretextos de cualquier tipo para lograr la puesta en marcha de la hidroeléctrica, desconociendo los evidentes incumplimientos en cuanto a preservación de condiciones ambientales básicas.
Incluso escuché que el mismo Alcalde Electo de Bogotá exigía la generación de energía y puesta en marcha de aquella generadora. Hay que ver cómo un “verde”, proclamado defensor de la naturaleza, desconociendo sus principios, ahora propugna por una decisión que lacera ese propósito general.
Hemos conocido la decisión de un juez que, vía tutela, sí tutela –aunque parezca sorprendente- y amparando Derechos fundamentales, ordena volver a generar energía. Como abogado que soy, me han preguntado si acaso, con el mismo fundamento, algunos pobladores de la zona, pescadores y campesinos no estaban reclamando garantías como el trabajo, la vida digna, dignidad humana y otros derechos. La respuesta es sí, así fue; la diferencia es que en éste caso, son personas como nosotros, de a pie, en cambio, los dueños de EMGESA tienen intereses económicos que hacen que incluso esta incomprensible lógica se dé y el derecho sea interpretado a favor de sus intereses.
Es lamentable decirlo pero, infortunadamente, aquella decisión pasará cuenta de cobro a todos, sin distinción de quienes así lo hicieron. En eso la naturaleza no hace distinciones.
