Votaré por el SÍ

Tengo claro desde ya que mi voto el próximo domingo 2 de octubre será por el SÍ. Son muchas razones las que tengo para tomar esa decisión y una de esas son los más de 250.000 muertos, los más de 50 desaparecidos y los más de 7 millones de víctimas que ha dejado esta guerra.

La paz y el plebiscito es la más clara oportunidad que tenemos los colombianos para decidir por un voto, si queremos continuar la guerra o finalizarla. El SÍ en el plebiscito cambiará el rumbo de la política en el país y también en nuestras vidas. Creo en un país en paz, próspero y con grandes oportunidades.

En Colombia llevamos 32 años tratando de llegar a un acuerdo para el desarme de las FARC. Fueron ocho presidentes distintos que intentaron desarmar a las FARC y ninguno lo logro. El presidente Juan Manuel Santos se lo propuso desde su primer mandato y sí lo logró.

Lo pactado en La Habana, Cuba, es un beneficio más para Colombia, no me cabe la menor duda. No se negoció nuestro sistema de gobierno, ni nuestro modelo económico ni las bases fundadoras de nuestra sociedad, como la democracia, la libre empresa y los derechos sociales que como colombianos tenemos.

Víctimas

Este acuerdo reconoce que el conflicto armado en Colombia ha afectado a millones de personas, y busca la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición de la violencia, para así, garantizar la transición hacia una vida en paz.

De esta manera se constituirá una comisión de la verdad, una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas durante el conflicto y una Jurisdicción Especial de Paz (JEP), además de unas medidas de reparación. La JEP garantizará la seguridad jurídica a quienes participen en el sistema de justicia transicional.

Las medidas de reparación incluyen actos de reconocimiento de responsabilidades, reparaciones colectivas, procesos colectivos de retorno, restitución de tierras y rehabilitación psicosocial.

En la Jurisdicción Especial de Paz, los responsables de los crímenes más graves serán investigados, juzgados y sancionados. Si no cuentan toda la verdad, repararán a sus víctimas y se comprometen a no repetir, recibirán penas de cárcel hasta por 20 años. Y si vuelven a delinquir pierden los beneficios judiciales.

Como parte de las sanciones y como medidas de reparación, reconstruirán infraestructura, desminarán los campos, ayudarán a buscar a los desaparecidos y aportarán a la verdad.

Todas las actuaciones de las Fuerzas Militares y de Policía relacionadas con el conflicto se presumen legales. Asimismo, los civiles que hayan sido obligados a pagar vacunas o rescates serán considerados como víctimas.