Vergüenza nacional
Las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como “falsos positivos”, siguen presentándose en Colombia. Según el estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), una ONG relacionada con la Compañía de Jesús, en 2013 se registraron siete casos que dejaron como trágico saldo al menos diez víctimas mortales.
La preocupante denuncia está contenida en el número 48 de la revista “Noche y Niebla” del Cinep, en la que hace un repaso de la situación de derechos humanos en Colombia.
“Lo más preocupante de este informe es que la práctica de los ‘falsos positivos’ todavía no ha terminado, a pesar de muchas declaraciones del ministro de Defensa (Juan Carlos Pinzón) y el mismo presidente de la República (Juan Manuel Santos), que dicen que eso ya pertenece al pasado”, recalca el sacerdote Javier Giraldo que hace parte del equipo de banco de datos del Cinep.
El investigador aclara que estos datos pueden crecer, pues se sabe que algunas denuncias llegan años más tarde y citó como ejemplo que en 2012 tuvieron que actualizar el consolidado con 61 nuevos casos reportados y en 2013 con 23.
El Cinep tiene registros de ejecuciones extrajudiciales desde la fundación de su banco de datos en 1988, veinte años antes de que estallara el escándalo de los llamados “falsos positivos” de la localidad de Soacha, cuando se descubrió la práctica por la que miembros de la fuerza pública asesinaban a civiles reportados después como guerrilleros muertos en combate.
A la fecha el Cinep tiene en sus archivos 1083 casos de ‘falsos positivos’, lo que demuestra que no se trata de fenómeno marginal o aislado, sino que por el contrario, pareciera una política establecida, no necesariamente salida del Estado, pero sí de una fracción de las Fuerzas Militares.
Entre 2002 y 2010 se registró un mayor número de casos, 698 en total.
En los últimos tres años, 2013 fue el de menor incidencia, con siete casos y diez víctimas, mientras que en 2012 hubo 20 casos y 62 víctimas y en 2011, 21 casos con 71 víctimas.
En cuanto a los responsables de los casos de 2013, el Cinep le atribuye cinco al Ejército, uno a la Policía y otro a ambas instituciones armadas, mientras que las víctimas se distribuyeron en siete campesinos, un indígena, un líder comunitario y un educador.
Vergüenza nos debe dar al saber que pese a las denuncias este tipo de aberrantes casos se siguen registrando y tal vez lo peor, con la complacencia de algunos miembros de las instituciones que fueron creadas para salvaguardar la vida de los ciudadanos.
