Verdad que duele

El folclor tradicional de nuestra democracia tiene toda clase de arandelas, recursos y formas que se salen del contexto de la realidad para distraer con un lenguaje de irresponsabilidad, los mecanismos para evadir ese juicio social e histórico que debería corresponderse por el conflicto armado, hasta el punto de que se advierte que en el proceso de negociación de la Habana, se ha llegado al acuerdo de crear una comisión de la verdad sobre el conflicto.

De cuál verdad será que se habla? Será que una comisión tendrá poder y la suficiente autoridad para establecer el grado de afectación de las víctimas, el reconocimiento que de ellas estaba en el deber de hacer en su momento el Estado de Derecho y cómo hacerse efectivos esos derechos para que éstos no queden en simple letra muerta y sus gestores o causantes obtengan la sanción o pena que les corresponde por tales actos?

Consideramos que estamos legitimando formas de impunidad. Que ninguna comisión en nuestro país, podrá decirnos o hacernos saber, sobre una verdad que todos conocemos, que todos hemos patrocinado en su momento y que ha de excluir por completo la responsabilidad política de quienes desde el poder, han direccionado esta violencia hacía sus propios beneficios y con el fin de perpetuarse en el mismo.

Una comisión que se encargue de precisar las causas de la violencia, ha de devenir necesariamente del estudio de los procesos de pauperización del pueblo colombiano, las condiciones de pobreza que se acompañan con el desempleo, la ausencia de políticas de salud, el analfabetismo, el desplazamiento forzado o no, y todos los hechos que se enmarcan aún más allá, con la ausencia de una política criminal seria y efectiva hacia los derechos de la sociedad.

Una comisión de la verdad, tiene que tener los suficientes dientes para deducir responsabilidades y exigir el juicio correspondiente a los violadores de los derechos humanos, con capacidad para direccionar las políticas de resocialización de unos y de otros, hasta el punto de que se tenga el respaldo y la coherencia en sus decisiones con todo aquello que tenga que ver con el manejo de recursos del Estado para su rehabilitación y de la Justicia, para su sanción, con el peligro de pensar que se estaría gestando una forma de jueces sin Dios ni Ley y sin capacidad de hacer efectivo el poder coercitivo del Estado, lo cual termina siendo inane.

De no ser así, la comisión de la verdad, no dejará de ser más allá de un sofisma, una organismo transitorio cuyas experiencias nadie ha de conocer y sus conclusiones se diluirán en alegorías de buena fe y de buena voluntad. Es querer establecer procesos o mecanismos que nacen muertos, como formas de congraciarnos con la retórica de la paz en medio de la violencia misma.

La idiosincrasia y las formas del pueblo colombiano son, han sido y lo seguirán siendo indiferentes a la realidad social y política que vivimos, todo como consecuencia de esa ausencia generalizada de solidaridad y de ese afán que se tiene de aprovecharse del cuarto de hora o de las prebendas de las mermeladas y formas de compra de conciencias, que se vive a diario, en todos los escenarios en los que nos encontramos, siempre para sacar provecho o partido de nuestra condición o posición dominante, irrespetando al otro y desconociendo sus derechos.

Esa es la verdad que ahora nos negamos a aceptar y tenemos que designar una comisión para que nos lo repita y no hagamos nada por solucionarlo. Esa es la verdad que duele.