Universidad y corrupción

pues lo que son controles por parte del Estado para que no nos roben y estafen en las actividades más sensibles a los colombianos, como las de la salud,  las finanzas y la educación, prácticamente no existen, porque de manera cómplice solo interviene cuando ya han robado y estafado a los colombianos. Mejor dicho cuando los ladrones y estafadores de cuello blanco que tenemos a porrillo han hecho de las suyas burlándose del Estado de derecho y llenándose los bolsillos ilícitamente con grave perjuicio para la sociedad.

Y precisamente eso es lo que ha sucedido en el campo de la educación superior con la tardía intervención por parte del Ministerio de Educación como ya es costumbre, a la Universidad  San Martín. Sólo después de 530 procesos judiciales en su contra, de no tener con que pagar sus obligaciones laborales porque la universidad no tiene bienes a su nombre pero sus codiciosos dueños tienen activos por $76.000 millones de pesos producto de actividades distintas a la educación  provenientes de entidades que se supone no pueden tener   ánimo de lucro, amén de tener sedes en 18 municipios, pero solo 5 con registro calificado estafando sistemáticamente a sus educandos, se resolvió intervenir el robo y la estafa colectivas.

Y lo hizo la ministra de Educación Gina Parody, -a quien hay que reconocerle su decisión de meterle muela al infame negocio-, afirmando ingenuamente que la “educación de nuestros estudiantes no es un negocio”, cuando sabemos por la proliferación de universidades de la estirpe de la intervenida, que la educación, particularmente la superior es un vulgar negocio con ánimo frenético de lucro que solo sirve para enriquecer a sus dueños que muy poco invierten en calidad educativa con la complicidad del mismo Ministerio que permite el funcionamiento de estas empresas de fachada educativa amparadas en la famosa autonomía universitaria, confundida con hacer y deshacer fabricando profesionales mediocres en serie como si fueran ladrillos, robando y estafando a nuestra sociedad.

Y lo más grave de todo es que no va a pasar nada, pese a los anuncios de siempre de la Fiscalía de que va a hacer imputaciones por la estafa masiva en la educación, porque estos delincuentes educativos saben que nada les pasa, como nada ha pasado con el desfalco masivo en CORHUILA, que lleva investigando la Fiscalía regional a paso de bolero, cuando  se la robaron a ritmo de mapalé en más de 10.000 millones de pesos, sin que hasta la fecha existan pronunciamientos que le den respuestas a los huilenses sobre el mayor desfalco de que tengamos memoria en la educación superior en nuestro departamento. Así, estamos condenados como en tantas otras cosas en nuestro país, a seguir navegando en las procelosas aguas de la corrupción y la mediocridad en materia educativa en las barbas y con la complicidad del mismo Estado.