Una oportunidad de recursos convertida en obligación (II)

Para ello se requirió tener adoptados el POT  y el decreto reglamentario de plusvalía; en él  se precisa que este no se configura en un solo momento. Con lo anterior se aclaró que el proceso de cálculo, liquidación y cobro de la participación en la plusvalía podía hacerse siempre y cuando el propietario o poseedor del inmueble no hubiera obtenido la licencia de urbanización o construcción. Para el caso del cálculo debería utilizarse el método  residual. El texto del acuerdo estableció las condiciones generales para aplicarla; especifica que los hechos generadores están constituidos por las autorizaciones dadas  para destinar el inmueble a un uso más rentable o para incrementar el aprovechamiento del suelo en metros cuadrados. 

En resumen, en el decreto se decidió no incluir la construcción de obras públicas, porque  la contribución de valorización tenía una tradición de uso muy consolidada; el hecho generador se concreta en la licencia y el pago de la participación será exigible en el momento en que sea expedida y no antes; en el cálculo del efecto plusvalía se tendrá en cuenta la incidencia o repercusión sobre el suelo del número de metros cuadrados adicionales que se autoriza a construir, o del uso más rentable, aplicando el método residual; se adoptó, dentro de los rangos establecidos por la Ley, una tarifa  del 30% para el año 2004, 40% para el 2005 y 50% del 2006 en adelante; dentro de las posibilidades de destinación de los recursos que estableció la Ley de ordenamiento territorial, el acuerdo de Bogotá decidió que el 70% de todos los recursos se destinaran a alguna de las siguientes tres modalidades de oferta de VIS, la vivienda nueva o infraestructura y espacio público en estos proyectos, infraestructura urbana para zonas de mejoramiento integral y  programas de renovación urbana que incluyan VIS, un 15% para espacio público en la zona que genera la plusvalía y el 15% restante para compra de suelos clasificados como de protección y conservación ambiental y para estímulos, incentivos y compensaciones, además de inmuebles con tratamiento de conservación arquitectónica, histórica o cultural. De todo lo anterior debemos aprender, sin olvidar que el proceso requiere tener un plan de ordenamiento claro y concertado, con  normas y procedimientos confiables.