Una década de la Ley Contra el Acoso LaboralAl cumplirse ayer los primeros 10 años de la expedición de la Ley 1010 de 2006, más conocida como la Ley contra el Acoso Laboral, entidades del Gobierno Nacional como Función Pública reiteraron a las depen
Al cumplirse ayer los primeros 10 años de la expedición de la Ley 1010 de 2006, más conocida como la Ley contra el Acoso Laboral, entidades del Gobierno Nacional como Función Pública reiteraron a las dependencias estatales la obligatoriedad de cumplir las disposiciones de esta norma, y así generar un ambiente laboral sano para los servidores públicos.
Este acto administrativo fue expedido con el propósito de “prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y, en general, todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas”, comportamientos con los que se busca desmotivar al empleado o inducirlo a su renuncia.
De acuerdo con la Ley, el acoso laboral es objeto de sanciones para las personas que lo ejerzan y para los empleadores que lo permitan, con multas que oscilan entre los 2 y los 10 salarios mínimos. En caso de comprobarse que un servidor público incurre en esta conducta, la Ley sostiene que su actuación se considerará “falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único”.
Adicionalmente, esta norma contempla “la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral”.
En el caso de que la víctima del acoso sea un servidor público, la competencia para conocer esta situación está asignada al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura. Para el sector privado, por su parte, se ha dado la facultad de dictar medidas sancionatorias a los jueces de trabajo que tengan jurisdicción en el lugar de los hechos.
Sin embargo, aunque ya van 10 años de la promulgación de esta Ley, todavía hay empresas y entidades del Estado en donde los altos niveles ejecutivos, públicos y privados, cometen todo tipo de vejámenes contra los trabajadores: maltrato verbal, discriminación, extenuantes jornadas laborales y amenazas de despidos.
Ojalá todos los trabajadores que se sientan acosados por sus superiores denunciaran este tipo de comportamientos que no permiten a las ciudades y al país mejorar los gobiernos corporativos y, en consecuencia, hay un deterioro de la calidad de vida del talento humano de las empresas.
