Un año de interinidad en la Supersolidaria

El presidente ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), Carlos Acero Sánchez, sostuvo que esta incertidumbre es considerada por el movimiento como una muestra de desinterés y desprecio del Gobierno por este sector de la economía nacional.

Además del desinterés, el presidente Santos y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, contradicen la teoría que ha socializado el mismo gobierno en el sentido que la economía solidaria será vital en el posconflicto y los compromisos que han adquirido en diversos escenarios, afirmando que terminaría la interinidad “con celeridad”.

A la fecha, más de $52.000 millones han entregado las organizaciones del sector a la Superintendencia de Economía Solidaria como cuota de contribución para su funcionamiento, pero están “congelados” por razones fiscales.

Acero Sánchez ha expresado que una indefinición de esta naturaleza desestabiliza el actuar institucional y genera incertidumbre entre los vigilados. Es más, le ha pedido al Gobierno Nacional que el cargo sea ocupado por una persona que reúna las más altas condiciones de idoneidad, formación, trayectoria profesional, sectorial, criterio técnico y carácter para abordar las funciones específicas de esta dignidad.

El movimiento cooperativo y de la economía solidaria considera importante que se consoliden las funciones de control, supervisión y vigilancia estatal, por lo que propusieron al Gobierno lo siguiente: nombramiento de Superintendente de la Economía Solidaria mediante un proceso de selección pública y transparente; ampliación de la estructura funcional y disponibilidad presupuestal para el  fortalecimiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria; y la creación de una mesa técnica para estudiar el actual sistema de inspección, control y vigilancia para las organizaciones de la economía solidaria.

Sobre la primera propuesta, Confecoop asegura que “la designación de una persona que no reúna estos requisitos, además de limitar su independencia crítica y funcional, conlleva a un mayor debilitamiento de la entidad, pues en tal caso, el designado tendría que iniciar un período de acercamiento, aprendizaje y adaptación al sector que, sumado al último año de interinidad, implicaría un traumatismo adicional al servicio técnico de supervisión, control y vigilancia que requiere el sector”.

Además, apoya su iniciativa en el Decreto 1817 de 2015, que reglamentó el nombramiento de los superintendentes financiero, de sociedades y de industria y comercio, y pide al Ejecutivo adoptar un mecanismo similar para la Supersolidaria.

Carlos Acero aseguró, con relación a la segunda petición al Gobierno Nacional, que “en la actualidad, el monto de dichos aportes supera en $52.000 millones el compromiso presupuestal anual de la Superintendencia, pero por razones de naturaleza fiscal y de control del gasto público no pueden direccionarse para tal fin, según lo ha manifestado el Ministerio de Hacienda. Este año, el sector presentó un estudio que sustenta la ampliación de la planta de personal de la Superintendencia y dotarla de herramientas técnicas que le permitan una mayor cobertura, eficacia y resultados en su gestión, pero no ha sido aprobada por las mismas razones presupuestales”.

Ya por último, el gremio propone el estudio de figuras como la colaboración técnica o la supervisión auxiliar, usada en otros países, por cuanto contribuyen al fortalecimiento y proyección de este tipo de entidades quienes, a su vez, les corresponde adoptar, apoyar y desarrollar mecanismos de autocontrol, derivados precisamente de su naturaleza autogestionaria.