Tributación en el posconflicto

Nuestro gobierno nacional ha optado por una reforma tributaria, no para cumplir los proyectos del Acuerdo de la Habana, sino para poder sostener la corrupción, la impunidad, la injusticia, la miseria y el abandono de todo el pueblo colombiano, excepto a las clases privilegiadas, a la banca y al inversionista extranjero.

Nunca hemos negado nuestra posición de búsqueda de acuerdos de convivencia, no estamos en contra de los procesos de paz, como equivocadamente pueden pensar algunos de nuestros lectores, cuando hemos exigido luchar contra la corrupción y demandamos políticas sociales efectivas hacía las comunidades, al igual que una política criminal estable, políticas en salud, educación y empleo, entre otros.

Queremos y exigimos igualmente que las políticas de paz, deben estar acompañadas de procesos serios en los cuales haya dinamismo en el cambio de las costumbres políticas, que haya reducción en los salarios de congresistas y de todos los funcionarios públicos y representantes del Gobierno en las empresas como Ecopetrol y las Electrificadoras, entre otros, y s acabe con esa burocracia que se impone por gerentes, subgerentes y asesores con sueldos y honorarios que son el gran desangre de la economía local, regional y nacional. Y se impone a su vez, como una necesidad que haya una revisión integral al tope salarial en Colombia, y del sistema de pensiones, sin ninguna clase de excepciones.

Es imposible entonces, que pensemos en la proximidad de procesos de integración social, cuando no se adelantan debidamente las campañas contra la corrupción, o se utiliza ésta, como forma de distraer los recursos del Estado, pues como dice el ciudadano del común, no es posible que se hagan pasacalles o murales de cinco millones de pesos, que se colocan en los edificios públicos, para combatir la corrupción, cuando esos pendones o avisos no valen más de trescientos mil pesos.

A lo anterior ha de sumarse que los medios de comunicación, en nada han contribuido en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues no es un logro de la justicia, que se advierta cómo en doce días, una investigación penal termina con acusación contra el incriminado, cuando para todos es una gran realidad, que los procesos judiciales tardan más de diez años, en los anaqueles, esperando influencias extrañas, para archivarse por prescripción o vencimiento de términos, a no ser que haya afán mediático y protagonismo por mostrar unos resultados que a la postre, son falsos y solo sirven para distraer a la opinión y hacer apariencia de una Justicia que no se tiene, de una Justicia a la que no se llega.

Algún amigo lector me advertía que estaba equivocado cuando vaticinaba que la paz total solo es posible después de muerto, y está en lo cierto, cuando aún con posterioridad, el nombre de muchas personas sigue siendo agredido, ofendido, perseguido y es objeto de toda clase de imputaciones de hechos que en vida, nunca se le hicieron efectivos.

Un gran acuerdo nacional de convivencia, un respeto por el otro, unas políticas institucionalizadas hacia el rescate de la dignidad y la eficacia de la administración pública, deben ser los lugares preferentes en el camino hacia la construcción de una sociedad más igualitaria, más pluralista y con esperanzas de encontrar en la libertad, los caminos de la paz y de la confraternidad nacional.

El proyecto de reforma tributaria, acabará con la poca paz que puedan darnos los Acuerdos de la Habana, pues la miseria, el encarecimiento de la vida y los altos costos para sobrevivir, son el gran aliciente para que la violencia siga imponiendo su voz y su ley.