Tribunal de Aforados

La iniciativa tiene propuestas verdaderamente interesantes. Una de ellas es el Tribunal de Aforados que ha generado fuerzas a favor y en contra. Esta nueva corporación judicial  entraría a juzgar ciertas conductas (penales y disciplinarias) de los magistrados de las altas cortes, que hasta el momento son de competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Esta ha sido la razón por la que muchos magistrados no se han mostrado de acuerdo con esta iniciativa. Uno de ellos fue Luis Gabriel Miranda, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se mostró en desacuerdo con la creación de dicho tribunal y aseguró que los recursos que se destinarían para éste deberían ser utilizados para el fortalecimiento de la Comisión de Acusación de la Cámara.

“La Corte considera que el actual debe mantenerse fortaleciendo la Comisión de Acusaciones cuya inoperancia ha sido por la falta de las herramientas para un correcto funcionamiento”, dijo.

Ahora resulta que, después de dos décadas de funcionamiento, nos damos cuenta de repente que no funcionaba. Es que no funciona por el tinte político del que está compuesta. La Comisión nunca ha tenido el nivel de un tribunal sino de un escampadero de problemas sin solución y que nunca tendrán solución. Es más, esta Comisión está tan desprestigiada que el solo hecho de decirlo es un pleonasmo.

Sin embargo, como no se pudo eliminar en la reforma fracasada a la justicia, ahora se busca quitarle competencia a esta Comisión y permitirle a un tribunal que haga esto. Sin embargo, para el juzgamiento de altos funcionarios, el Polo propone que el presidente sea investigado por la Corte Suprema de Justicia y juzgado por el Congreso. Y que los procesos de los aforados —magistrados de las altas cortes, vicepresidente, fiscal general, contralor, procurador y defensor del Pueblo— sean en su totalidad ante un nuevo ‘supertribunal’.

Hasta ahora esta es la propuesta que se discute en el Congreso y faltan muchos debates para que pase completamente y se convierta en una reforma. Entre tanto, seguirá el debate en torno a la eficiencia del juzgamiento de los altos magistrados.