Treinta años del Holocausto del Palacio “sin justicia”

Huila: Territorio Solidario

El 6 de noviembre de 1985 fue la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 con el fin de mostrar su capacidad militar en las ciudades y obligar al Estado a negociar las propuestas de carácter político que la habían llevado a la lucha armada. Es otro de los aspectos que no se discuten porque hoy el debate nacional está centrado y con razón es en el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido en la toma del Palacio, en la retoma por parte del Ejército colombiano, las responsabilidades civiles y militares y la reparación de las víctimas. Es inaceptable e inconcebible que la Justicia Colombiana no haya esclarecido estos hechos en treinta años. Eso ha llevado a los familiares de las víctimas a tener que padecer los horrores de una guerra de la cual no son directos responsables.

Los directos responsables de los hechos fue el M-19, autor de la toma y de la cual fueron exonerados una vez firmados los acuerdos de paz con esa organización guerrillera. Ellos se desmovilizaron, se reincorporaron y hoy están en la vida civil y política participando en los escenarios públicos. El proceso de paz con esa y otras organizaciones guerrilleras tuvieron ese marco jurídico para la negociación con el Estado. En ese momento no se había aprobado el Estatuto de Roma ni la creación de la Corte Penal Internacional para el juzgamiento de crímenes de guerra cuando en la jurisdicción interna no se juzgan. No se trata de inculpar a los guerrilleros, sino de entender los contextos políticos de esa negociación. No puede ser ese el argumento utilizado por algunos al señalar ¿por qué los autores materiales de la toma están libres y los mandos militares que dirigieron la retoma están detenidos? Poner a los dos en las mismas condiciones seria desconocer las funciones, el nivel de responsabilidad y el uso de la fuerza para impedir y negociar con la insurgencia armada. Juzgar treinta años después sin una verdad, sobre los acontecimientos, pero además sin que muchos familiares de los civiles y aún de los combatientes no sepan de su paradero es un desafuero, que dice el grado de impunidad y la incapacidad del Estado para llegar a establecer los responsables y las sanciones.  Con razón los familiares de las victimas desaparecidas de funcionarios públicos y civiles han expresado con indignación que no basta el perdón por parte del Presidente de la Republica sin haberse cerrado los casos y sin saber la verdad. El acto de perdón del presidente Juan Manuel Santos es una obligación judicial solicitada por la corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano que debe ejecutar.

La toma y retoma del Palacio de Justica se desarrolló en una de las décadas donde la acción armada de la insurgencia se incrementó,  se había firmado el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC-EP, el surgimiento de la Unión Patriótica y el posterior genocidio contra este movimiento político. Por cierto las acciones de reparación por este acto de violencia de la derecha también fallo a favor de la Unión  Patriótica responsabilizando al Estado por acción y omisión en la masacre contra la UP. 

Un Proceso de Paz que no permita a sus integrantes participar en política una vez digan la verdad, cumplan sus penas según lo acuerden es poco viable para quienes no reconocen la legitimidad del Estado.