Tiranos y sus leyes

La semana pasada se aprobó en sexto debate el Acto Legislativo para la paz y las graves inconstitucionalidades que este conlleva, como las facultades especiales para Santos, que no son otra cosa que una ley habilitante para que tome decisiones pasando por encima del Congreso. Una de las características de los dictadores es que no respetan la constitución ni la ley, por lo que no es la primera vez que un gobernante tirano, busque legitimar su abuso de poder modificando las leyes a su conveniencia sin importar las graves consecuencias para la Nación.

En el año 2010 la Asamblea Nacional de Venezuela con mayoría oficialista, aprobó una ley habilitante para Hugo Chávez con la que terminó de reformar y aprobar 215 leyes sin contar con la participación de los venezolanos, ni sus representantes. El único propósito fue limitar a la oposición hacia futuro, para que la revolución como “bien supremo”, perdurara. A pesar de las críticas de la oposición, Chávez triunfó a través de su bancada, anunciando que ya tenía listas las primeras 12 leyes, el día que se aprobaron sus facultades especiales y abrió la puerta para la devastación de Venezuela bajo la dictadura de Maduro, quien también ha buscado facultades especiales para continuar con la opresión.

Un poco más lejos en la historia, encontramos que Adolf Hitler, el dictador  responsable del holocausto más triste para la humanidad, aprobó en Alemania una ley habilitante de la que abusó y prorrogó indefinidamente a partir de 1937. Una de las leyes impuestas fue la prohibición de crear partidos políticos diferentes al nacionalista, y fue así como empezó la peor masacre, bajo el amparo de leyes promulgadas por las alucinaciones y el odio patológico de Hitler, tras el macabro anunció de su hegemonía: “La voluntad del Führer ha quedado establecida totalmente, los votos ya no importan más. Sólo el Führer decide.”

La ley habilitante de Santos no solamente representa un golpe de Estado a los derechos de los colombianos, sino una violación a la Constitución y a los tratados internacionales que castigan los crímenes, exponiendo así la integridad de quienes hemos sufrido los horrores de las Farc y el Eln, y anulando la justicia para que Colombia no solamente sea potencia cocalera, sino del terrorismo. Después de aprobada esta “ley”, aprobaran todo el resultado del negocio entre Santos y farc.

Los congresistas de la bancada gobiernista, que son todos excepto los del Centro Democrático, tienen un compromiso con Santos, pero olvidan que fueron elegidos por los compatriotas y lo aprobaran en los 2 debates que le faltan a esta reforma. Abandonan su condición de legisladores, como si sus curules las hubiera dado el presidente y no los electores, quienes ojalá lo recuerden en la siguiente elección.