Terrorismo institucional

En los actuales momentos estamos viviendo una forma de terrorismo universal, donde las fuentes de grupos fundamentalistas ha ejercido un poder destructor que es repudiado y replicado a su vez, por otras corrientes ideológico religiosas y políticas, con las cuales, en ningún momento se podrá negociar un proceso de reconocimiento o convalidación de sus actos de barbarie.

Pero a la par con estos hechos, cuando volvemos los ojos a nuestra tierra, a nuestro espacio soberano, es cuando nos enfrentamos a otros actos de terrorismo institucional de vieja data y que los ciudadanos de bien, no se han ocupado por cuestionar y reconocer, frente al desarrollo normal de lo que es la ausencia total de una política criminal, en un Estado Social de Derecho, como se pregona, que es nuestra forma de gobernarnos y que se estableció constitucionalmente hace más de veintitrés años.

Las personas que violan la ley, las personas que transgreden el ordenamiento jurídico en nuestro país, siguen siendo tratados como bestias, son objeto incluso por los jueces de garantías, de la degradación más infame, la cual, cobra vigencia en los centros penitenciarios a donde se conducen para soportar una medida de seguridad mientras se adelanta un proceso o para que paguen una pena, y los elementos mínimos para una detención, no son más que conjeturas y suposiciones sobre las cuales se derrumba la dignidad y se hacen monumentos a la especulación fáctica que posteriormente ha de cambiar necesariamente en dichos procesos.

Ese manido concepto de la dignidad humana, es una figura que no se compadece con dicho reconocimiento, del cual se ha hecho uso para justificar toda clase de atropellos de que son víctimas los procesados. Pensamos incluso que ha sido una estrategia para encubrir las formas de corrupción en la contratación estatal de los mismos.

Qué otra cosa podemos argumentar de un fenómeno que se vive en los actuales momentos, como lo es el hacinamiento carcelario y la ausencia total de actividades o de funciones de resocialización, que por ley y por principios filosóficos, constitucionales y legales, se le ha impuesto a las instituciones encargadas de la Administración de Justicia?

No es posible, que un gobierno que habla de proceso de paz, olvide las causas generadoras de violencia, entre las cuales, sin lugar a dudas existe una que es extremadamente peligrosa y que se fundamenta en la inexistencia de una Justicia eficiente, clara, inmediata, oportuna y justa, transparente y sin dilaciones como sucede hoy en día, y mucho más allá, cuando ella no llega y no impone su ley sino en la medida y en la proporción de la condición económica de quienes llegan a ser en determinado momento contrapartes o procesados por ella.

Todas las reformas penitencias, criminales y de política institucional dirigidas a la Administración de Justicia, han sido fallidas, y más triste aún es esa forma palmaria de refrendar el caos y la desidia con la que la sociedad observa y detalla ese desmoronamiento institucional que se vive entre otros, en los centro penitenciarios y en la rama judicial, como hermanos siameses, de un mismo abandono.

Ahora, cuando han de reanudarse labores judiciales en todo el país, y cuando no hay solidaridad gremial entre funcionarios judiciales hacemos un llamado a la sociedad, para adoptar una función critica, en cuanto tiene que ver, con la labor de quienes desde la política tradicional, han dado lugar para que esta situación se vuelva, día a día inmanejable y la paz se presente sin un futuro alentador, como un mero sueño, una mera ilusión.