Suspensión con condiciones

El anuncio no es nuevo si se tiene en cuenta que ya en dos oportunidades anteriores lo había hecho como una manera de corresponder al cese del fuego anunciado por esa guerrilla a finales del año pasado.

En esta oportunidad es un gesto similar. Desde el 20 de julio empezó una nueva “tregua” de las FARC a la Fuerza Pública, la infraestructura nacional y la población colombiana. Sin embargo, esta orden de suspensión de bombardeos aéreos donde hay concentración de subversivos tiene unas condiciones y unas decisiones del jefe de Estado.

La primera, y tal vez la más relevante, es que a partir de la fecha este tipo de acciones militares “solo se podrán realizar por orden explícita del presidente de la República”. La justificación de este anuncio está en que es una manera de ir desescalando el conflicto y para responder al cese al fuego del grupo guerrillero.

Ahora bien, el presidente Santos también mencionó en su intervención algunas condiciones para que los bombardeos no se lleven (o se lleven a cabo). Indicó que esta decisión será efectiva si los campamentos están alejados de los cascos urbanos, si no constituyen amenaza para la población o para la Fuerza Pública, si no ponen en peligro la infraestructura ni se desarrollan actividades proselitistas.

El jefe de Estado reiteró que el Gobierno Nacional y sus instituciones, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales continuarán transitando la protección de todos los colombianos y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.

“El Gobierno continuará persiguiendo el delito y en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley que ejerza coerción sobre las comunidades en vías del uso de las armas”, añadió.

Más adelante, en su intervención, Juan Manuel Santos, señaló que se reunirán periódicamente durante estos próximos cuatro meses para evaluar el cumplimiento del cese unilateral de las FARC.

Hay hechos cuestionables en las decisiones de las FARC de afectar poblaciones pobres del país dejándolas sin los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, principalmente. Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reveló que desde el fin de la tregua anterior, la guerrilla perjudicó a más de 40.000 colombianos con actos terroristas.

En Tumaco se presentó la situación más crítica, ya que alrededor de 16.000 personas dejaron de recibir el preciado líquido. En Arauca se vivió una situación similar, pues un total de 14.220 usuarios se quedaron sin el servicio de agua.

Otros municipios con graves secuelas de los atentados por la cantidad de suscriptores afectados fueron Tibú (Norte de Santander) con 3904; Granada (Meta) con 2329 suscriptores del Acueducto Regional Ariari sin recibir el servicio; Puerto Carreño (Vichada) con 2711; y Algeciras (Huila), donde 2658 personas tuvieron que padecer por la falta de agua potable a causa de las emergencias.

En Buenaventura y Tumaco las cosas no fueron diferentes con los atentados a la infraestructura eléctrica. En el primero, más de 400.000 personas quedaron sin energía eléctrica y en Tumaco, alrededor de 250.000 quedaron a oscuras por cuenta de estos actos de terrorismo.

Lo que esperamos los colombianos es que en esta oportunidad haya un verdadero desescalamiento del conflicto armado en todo el territorio nacional y no solo del lenguaje. Que las FARC cumplan con su palabra de no atentar contra la población, la Fuerza Pública ni la infraestructura del país.