Sobre vendedores informales (II)

Acá en materia ambiental, siendo uno de los países con mayor riqueza ambiental estamos por encima de la media en exigencias de trámites ambientales. Acá a los jóvenes que han cometido varios delitos seguimos tratándolos como impúberes e incapaces. Acá al que ocupa las márgenes de los ríos con una casa, se le reubica con lote y casa gratuita, una y otra vez, mientras que a quien lo hace para actividades productivas se le inician procesos sancionatorios sin racionalidad. Y ahora nos da porque a quienes invaden el espacio público también hay que reubicarlos una y otra vez.

Ahora todos alegamos que tenemos derechos y queremos defenderlos. Pero cuántos hablamos de los deberes que tenemos y sobre todo, sobre los deberes que tenemos frente a los demás.

No fuimos nosotros los colombianos los que fundamos al Derecho y sus principios fundamentales; los padres del Derecho moderno, fueron los romanos, y fueron quienes definieron y distinguieron los bienes públicos de los privados. Y entre los primeros a los bienes de uso público de los bienes fiscales. Fueron ellos los que establecieron que los primeros se someten a un régimen especial que los hacen inalienables, inembargables e inajenables.

Como decíamos la semana pasada, los bienes de uso público, como calles, andenes, avenidas, el aire, el agua, la luz solar o los parques, pertenecen a todos los habitantes de un país. Eso que jurídicamente se llama la Nación.

¿Y a dónde lleva esta explicación? A opinar, pues eso hacemos los columnistas, que deberíamos rescatar los deberes que tenemos frente y en favor de los demás (que hacen justificables los derechos) respecto de los bienes que todos podemos usar en beneficio colectivo y nunca en beneficio privado.

Neiva, Pitalito, La Plata, Florencia, Mocoa, por sólo mencionar algunas de las más importantes urbes del sur colombiano están invadidas ilícitamente por los vendedores ambulantes. Llevamos décadas aplazando la recuperación del espacio público y dejando que sea invadido más y más. Y digámoslo claro, los funcionarios que no han hecho o hacen algo no son autoridades y dejan de cumplir su deber. Pero peor aún si esto ocurre por criterio politiquero. Es imperdonable.

Los gobernantes deberían de escuchar a la gente que desea vivir en paz, con apego a la Ley, y auscultar por encima de todo el bien común. Nunca olvidar que deben prevalecer los derechos de las mayorías sobre los de las minorías. Transar una vez con lo contrario, es generar un perjuicio costoso a la sociedad. Hay que rescatar los espacios del público.

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