Sin resultados en el campo

Algunas de las situaciones encontradas por el ente de control fueron una debilitada producción de alimentos, una excesiva concentración de recursos y funciones por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Incoder y una ineficiente asignación presupuestal.

La CGR sostiene que actualmente se mantiene buena parte de los instrumentos de política que se incorporaron a este sector entre los años 1990 y 1994, a pesar de que las necesidades no son las mismas: “La desestabilización económica y política en distintos países, la pronunciada caída de los precios del petróleo y la volatidad de la oferta alimentaria que conllevó a su encarecimiento, han traído consigo cambios notables en el ámbito rural y el debilitamiento de la producción de alimentos en Colombia”.

Una de las situaciones más críticas es que el sector agropecuario ha perdido importancia en el Presupuesto General de la Nación: los recursos asignados para inversión caen de 14% del PGN en 1992 a 3% en 2005 y desde entonces se recuperan lentamente hasta alcanzar cerca del 6% en 2014; y pese a la fuerte inyección de recursos públicos en esta última etapa, el PIB agropecuario se rezagó del PIB total de Colombia.

Además, en vísperas de una nueva modificación de las instituciones del sector agropecuario prevista en el PND 2014-2018, para lo cual el Congreso otorgó expresas facultades al Gobierno Nacional, vigentes hasta diciembre de 2015, la Contraloría recordó como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) son las dos únicas entidades que han sobrevivido a las continuas reformas organizacionales sufridas desde la expedición de la Carta Política de 1991.

El Fondo DRI desapareció del escenario en el año 1997. La entidad encargada de la acuicultura y pesca (el INPA) fue liquidada en 2003 y nueve años después, en 2012, fue revivida con el nombre de Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

La emblemática entidad encargada de la reforma agraria en Colombia (Incora) salió del presupuesto en 2007, siendo reemplazada misionalmente por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) desde el año 2003.

Según el análisis de la Contraloría, la reforma institucional del sector agropecuario del año 2003, implicó una inestable reacomodación de las prioridades del Estado.

La entidad también critica la progresiva concentración de recursos y funciones en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Incoder: en el período 1990-2014 el presupuesto del Ministerio se ha multiplicado 28 veces y en 2014 acaparó el 77% del presupuesto total del sector.

También hay ausencia de diagnósticos sobre las metas propuestas en los anteriores planes nacionales de desarrollo y carencia de evaluación de resultados. Esto amenaza con hacer de los PND tan sólo iniciativas legislativas para cumplir un mero formalismo legal y no lo que debe ser: una hoja de ruta de mediano plazo para el sector agropecuario.