Sin justicia y sin paz

La debacle es total. Siempre hemos considerado que un Estado Social de Derecho como se pregona la razón de ser de nuestro sistema democrático y político, tenía que tener como eje fundamental de su organización y de su vida en comunidad, el DERECHO como fuente de JUSTICIA, y por consiguiente, como dinamizador de las formas de convivencia, de tolerancia, de respeto, es decir, de PAZ.

Pero todo esto no pasa a ser más que un imaginario colectivo que no se traduce más allá de simples aspiraciones y de nulas expectativas.

Todo está diseñado, bajo el amparo de la corrupción, para ser la fuente inagotable del abuso del poder, para generar la desconfianza en las instituciones y para hacernos perder la credibilidad en lo nuestro, en lo social, en lo que sean las políticas de contenido humano y de una verdadera autoridad que haga respetar las normas como imperativos categóricos que han de ser acatadas y asumidas para la organización de la sociedad misma.

Pero nuestro Derecho es maleable, es trastocado por formas de interpretación y de aplicación, en una oleada incierta de manifestaciones del querer decir o querer hacer, según las conveniencias o las formas de adecuación que se desligan por completo de la armónica razón de ser y de lo que en su momento una Alta Corte, ha direccionado para su vigencia y desarrollo.

Pero cuando se salpican, como se han venido presentando los bochornosos casos, que no son aislados, de contaminación de las políticas de corrupción que dimanan de todas las instituciones estatales, y tenemos que aceptar con mucha resignación que hemos perdido por completo la fe en las instituciones por sagradas y meritorias actuaciones que hayan tenido en el pasado, este presente nos convulsiona de tal forma, que nos traslada por completo al mar de la indiferencia y de la perplejidad de la cual, aún no salimos y no avizoramos el camino hacia esas formas que nos rescaten de ésta angustia.

No tenemos Justicia. Esta es una sentencia que tenemos que aceptar hoy en día. Nuestra institución y nuestra aspiración más sagrada, como lo es la vigencia y la aplicación de las normas de UN DERECHO SOCIAL, de contenido humano y de inmediatez hacia la solución de los conflictos sociales. No existe.

Desde el Congreso de la República, fuente soberana de la normatividad vigente y encargado del manejo de la JUSTICIA, desde la designación de los miembros de lo que hoy es la cúpula de la Administración de Justicia, no pudo dejar de contaminar, no pudo dejar de salpicar, todas y cada una de esas formas de corrupción que se entronizaron durante mucho tiempo en el órgano Legislativo y que hoy, trasciende con el Ejecutivo y las mermeladas y en la Justicia con los casos ya conocidos.

Es que debemos recordar que El Congreso elige a los miembros de la Corte Constitucional, y a su vez, elige al Consejo Superior de la Judicatura, quien se encarga de elaborar las listas y los procesos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y por ende, toda estructura de la rama judicial colombiana. Será que es ajena entonces dicha institución de los vicios y las formas de corrupción que conviven con el Legislativo? Y finalmente cómo hemos de hablar de procesos de Paz, si no hay Justicia?