Sin dinero para comer
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 70 millones de personas en América Latina no cuentan con los ingresos monetarios suficientes para cubrir sus requerimientos nutricionales mínimos. Además, 13,3% de los menores de cinco años de la región tiene desnutrición crónica.
Según la ONG Oxfam, esto ocurre en gran parte, porque las prioridades de uso del territorio y de producción agrícola no están siendo orientadas al derecho a la alimentación, sino a la exportación de materias primas bajo el modelo de desarrollo extractivo y de ampliación de mercados de consumo. La forma en que se administra y gobierna el sistema alimentario está en el centro de la solución al problema del hambre y la desigualdad en América Latina.
Esta fue una de las conclusiones de la Séptima Conferencia Regional de Aprendizaje sobre Sistemas Alimentarios, que Oxfam realizó en días pasados en Cali. Durante este encuentro, los expertos regionales y mundiales discutieron las tendencias y propuestas relacionadas con la Gobernanza de los Sistemas Alimentarios y los Territorios, sobre el papel de las políticas e instituciones públicas, las propuestas programáticas y políticas desde la sociedad civil y las relaciones entre los actores, desde una lógica territorial. Adicionalmente, desarrollaron actividades de discusión, visitas de campo y clínicas técnicas con funcionarios públicos, representantes del sector privado y organizaciones sociales colombianas para profundizar la forma como se implementan prácticas para articular el derecho a la alimentación desde diferentes programas y políticas públicas.
De acuerdo con los expertos, estas cifras son resultado de que las prioridades de uso del territorio y de producción agrícola no son orientadas al derecho a la alimentación, sino a la exportación de materias primas bajo el modelo de desarrollo extractivo y de ampliación de mercados de consumo, en la región.
Si bien América Latina experimenta avances en la erradicación del hambre y cuenta con una oferta excedentaria de alimentos, los espacios de definición de prioridades de inversión pública y privada y sus instrumentos de implementación están empujados significativamente por la apertura comercial y excluyen a las poblaciones vulnerables en zonas rurales y urbanas, generando efectos negativos (por ejemplo, sobre el derecho a la producción y el consumo saludable de alimentos).
“En Latinoamérica hay avances importantes en el desarrollo de instrumentos públicos nacionales y locales a favor del derecho a la alimentación, por ejemplo, las experiencias en Brasil, Perú, Colombia y Nicaragua en el desarrollo de políticas, instituciones e iniciativas para la seguridad alimentaria que han hecho avances sobre el derecho a la alimentación, la reducción de pobreza y la desigualdad, pero aún no son suficientes”, resaltó Oxfam en este intercambio de conocimientos y propuestas.
Uno de los desafíos más importantes continúa siendo la desigualdad para las mujeres y las niñas y cómo los programas de acceso a la alimentación necesitan ser adaptados para romper el ciclo de negación del derecho a la producción y consumo para ellas.
Adicionalmente, las cifras de desnutrición en Colombia son alarmantes: el 13 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. La cifra empeora si se habla de población indígena: 29,5% de los niños y niñas padecen esta situación. En territorios como La Guajira, abandonadas históricamente por el Estado, las cifras aumentan dramáticamente. En esta región en particular, las estadísticas tienden a empeorar con el reciente cierre de la frontera con Venezuela en el paso de Paraguachón.
