Sigue la impunidad
En nuestro país es del 99%. En Colombia solo dos de cada diez casos de asesinato, se logran esclarecer y llevar a los responsables ante los jueces.
La aplicación de la justicia en Colombia se encuentra en un estado crítico. En el año 2015, la Corporación Excelencia en la Justicia, alertó que el Sistema Penal Acusatorio vigente en el país es inoperante. Un alto número de casos de delitos de alto impacto, pasan al archivo por la causal de imposibilitar la identificación el sujeto activo de la conducta, sin que haya mediado un esfuerzo serio de investigación para el esclarecimiento de los hechos. El mismo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha expresado que el índice global de impunidad del 2015, ubicó al país en el deshonroso tercer lugar después de Filipinas y México. En nuestro país es del 99%. En Colombia solo dos de cada diez casos de asesinato, se logran esclarecer y llevar a los responsables ante los jueces. Y nueve de cada diez asesinatos, quedan impunes. Inclusive el esfuerzo que hacen las autoridades policivas y militares para capturar a los delincuentes, que, con abnegación y entrega a sus instituciones, inclusive arriesgando sus vidas, observan con tristeza y desilusión, como días después son dejados en libertad, para que continúen su actuar delictivo. Este panorama no ha cambiado, ni las víctimas han tenido un verdadero acceso a la justicia con un verdadero sentido reparador. Actualmente la opinión pública está sorprendida y desconcertada como de los diecinueve capturados por el caso del Interbolsa, catorce sindicados han sido dejados en libertad, por el escándalo del descalabro financiero más sonado durante la última década por la pérdida de 680 mil millones de pesos, por vencimiento de términos de los jueces que llevan el caso.
Gracias a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, se pudo detectar que, en este país, la empresa multinacional brasilera Odebrecht, sobornó algunos altos funcionarios, por la entrega de millonarios contratos de obra en el país. Por estas supuestas irregularidades han sido detenidos el ex viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales quien está sindicado de recibir 6,5 millones de dólares y del ex senador Otto Nicolás Bula que supuestamente le fueron entregados 4,6 millones de dólares. Se espera que, en los próximos días, hayan nuevas capturas por estos delitos. La opinión pública espera que este hecho, no se convierta en otro más caso de impunidad por vencimiento de términos o por otras dilaciones de los abogados defensores. Las anteriores denuncias se han vuelto públicas a través de los medios de comunicación, que empiezan a presentar los sindicados en los estrados judiciales y cuando son dejados en libertad. Estamos asistiendo a un ambiente degradante de la justicia espectáculo, pero que no corresponde al interés supremo de la nación, de castigar severamente a los culpables verdaderos por estos casos y otros que han sido archivados definitivamente y que tiene al sector de la justicia, como una de las entidades más ineficaces e inefectivas del país, en el desempeño de sus funciones.
