Sigue el misterioso silencio de Corhuila

La renuncia de Roque González Garzón a la rectoría de la  Corporación Universitaria del Huila, Corhuila, nuevamente pone sobre el tapete la situación de crisis que sigue exactamente como la dejó su antecesor Virgilio Barrera Castro.

Para el saliente rector su balance es positivo en materia académica, en infraestructura y especialmente en sus relaciones con el sector productivo del departamento, para el grueso de la sociedad es bien diferente lo que respira por fuera.

Un poco más de dos años permaneció en el cargo y no se conoce la real situación de la defraudación a Corhuila, mediante la cual desaparecieron como por arte de magia más de 8 mil millones de pesos y nadie supo cómo.

Y aunque González contrató los servicios de dos prestigiosos abogados, aun los responsables andan por la calle como  si no hubiera pasado nada, es más, todavía hay directivos como Jaime Salazar Díaz, del nefasto y largo periodo de 15 años quitando y poniendo en  ese centro de educación superior.

Como el doctor González en un comunicado le pide a  “los medios de comunicación, a  los periodistas y la sociedad huilense que  continúen fortaleciendo este proyecto educativo”, me atrevo a manifestar que le agradezco la invitación que no hizo siendo rector y que no estamos contentos con el escenario que deja.

Primero, porque en dos años en el cargo le dejó a Corhuila un sindicato que no tenía, y como en donde hay controversia por asuntos laborales hay muchos problemas, en este caso la que la pagará los platos rotos en últimas es la universidad.

Significa que no tuvo tacto político, ni un trato justo ni humano con nadie en  sus relaciones con los estamentos universitarios, ni con los medios, esta sería la piedra en el zapato que obligó su retiró del cargo.  

Pese que asegura que renunció por asuntos personales, lo que se dice es lo contrario, estaba ganándose una cifra a la que le faltaban solo 270 mil pesos para llegar a  20 millones mensuales, pese que tiene pensión del Gobierno.

Además recibía una prima de alojamiento por tres millones de pesos mensuales, sin contar que compró una lujosa camioneta para el desplazamiento exclusivo del rector.

Recordemos que Virgilio Barrera, el anterior rector solo se ganaba 8 millones de pesos,  o sea el 147% menos, no tenía ninguna otra prima y  se desplazaba en su automóvil propio.

A raíz de la situación de choque hay demandas laborales en los juzgados por un monto que supera los 1.500 millones de pesos. Situación de la cual estaba consciente porque dejó el rubro correspondiente para cubrir estos gastos.

Como la universidad ha sido reacia a presentar un balance público de su situación, es necesario que los organismos de control a cuyo su cargo están las investigaciones penales hagan un pronunciamiento,  al menos que digan cómo van las investigaciones.

Precisamente ayer en una audiencia privada Virgilio Barrera y Genner Comas, hicieron ampliación de descargos mediante los cuales la fiscalía tendría nuevas luces para implicar a directivos y a la revisoría fiscal.

Como es posible que después de semejante escándalo siga la misma revisora fiscal Esperanza Ramos Botello, la misma que durante más de quince años no presentó informes ni se pronunció porque en este largo periodo tampoco hubo Asamblea General.

Quince años después porque no tenía otra salida entabló el denunció penal, ¿porque se demoró tanto en actuar?, ¿el Consejo Superior era Cómplice?, ¿porque la justicia aún no se pronuncia?, ¿están dejando vencer los términos?, estas y otras tantas son las preguntas que cada nos hacen en todas partes sobre la situación del Corhuila.

Según la planilla 981267 de auto liquidación de aportes de Asopagos la planta administrativa aplicó ajustes salariales desde el 15%, 22%, 25%,44%, 54%, 70%, 101% y hasta el 147% por ciento en el caso de rector, mientras la planta de profesores que son el alma y nervio, siguen ganando un poco más que un celador y una aseadora. ¿Qué pasa en Corhuila?.