Servicios Públicos y Mínimo Vital

El derecho al mínimo vital es la materialización de principios propios de un Estado Social de Derecho como el nuestro, debido a que busca garantizar que cada persona cuente con las condiciones materiales básicas y necesarias que le permitan llevar una existencia digna. En ese sentido, teniendo en cuenta la estrecha relación que guarda este derecho fundamental y el acceso real a los servicios públicos domiciliarios, es deber de Colombia que tome las medidas necesarias que faciliten la cobertura y una prestación de calidad.

En cuanto a cobertura, la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el DANE evidencia que si bien se han dado grandes avances, especialmente en el servicio de energía, la prestación del servicio de agua y gas natural sigue siendo limitado para algunas poblaciones. Esta situación resulta más compleja si se tiene en cuenta que estos datos no siempre reflejan el acceso real a estos servicios pues hay muchas hogares colombianos que a pesar de contar con la infraestructura, es decir redes de conexión o acueducto, no tienen la capacidad económica para pagar por el servicio.

Esta situación plantea grandes dilemas para el Estado ¿Será que su deber se reduce exclusivamente a facilitar formalmente el acceso al mínimo vital? ¿La mano invisible del Estado debe serlo también para aquellas poblaciones vulnerables, de escasos recursos económicos? Y la respuesta es un NO rotundo. Los derechos de las personas no deben ser teóricos y por lo tanto se deben dirgir los esfuerzos para que estos sean materializados.

Es por esto que desde el Movimiento Político MIRA hemos propuesto en el Congreso de la República, una vez más, que aquellos colombianos que se encuentren en Nivel 1 del Sisbén tengan derecho a acceder de forma gratuita a la cantidad mínima necesaria para la subsistencia en el consumo de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y gas natural. Esta iniciativa, que se ha fundamentado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y resoluciones de las Naciones Unidas, estaría financiada con recursos provenientes de los fondos de solidaridad y la redistribución del ingreso de cada servicio existente.

Así pues, el respeto por la dignidad de cada persona debe ser el eje orientador de las políticas públicas. Por ende, el papel del Estado en la garantía de derechos fundamentales como el mínimo vital debe ser más activo, siempre respondiendo a la realidad y necesidades del país.