Sentencia de muerte para la industria arrocera
Una frase sacada de una información del DIARIO DEL HUILA, puede ser la sentencia de muerte de la industria arrocera nacional.
La afirmación pertenece al malhadado ministro de agricultura quién en una reunión de arroceros en el municipio de Fundación, Magdalena, dijo “que si el negocio del arroz no es rentable, no hay quien lo compre, y lo que se necesita es financiación, entonces hay que cambiar de actividad o de cultivo ya que hay que sacarle el mejor provecho a los recursos”. La noticia proviene de fuente fidedigna. Fue suministrada por Pablo Enrique Núñez, director ejecutivo seccional de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), que sorprendido escuchó la inaudita aseveración del ministro, quien, según su información, a renglón seguido “afirmó que era este su convencimiento y se lo estaba planteando a los arroceros y a la industria molinera en las diferentes regiones del país”. Tal fue el desagrado del señor Núñez que lo llevó a concluir, que “después de las plagas, los TLC y el contrabando, la peor amenaza (para el gremio arrocero) es el Minagricultura”.
Tiene razón el ejecutivo seccional de Fedearroz, porque las afirmaciones del ministro son concordantes con la política de libre comercio que busca arrasar con sectores enteros de la, ya menguada, producción nacional industrial y agropecuaria, a favor de la producción extranjera. Producción extranjera que como la norteamericana, en el caso del arroz, trabaja con menores costos, que no mayor productividad, sobre la base de los fabulosos subsidios que los productores gringos reciben de su gobierno. Todavía está caliente la noticia de la aprobación de la nueva “Farm Bill”, ley agraria de los Estados Unidos, que duplica los subsidios al sector agropecuario durante los próximos 5 años: casi 100.000 millones de dólares anuales.
Así, se puede comprender el crecimiento de las importaciones de arroz de ese país, que el año pasado subieron a 114.555 toneladas, incluyendo las 82.555 libre de aranceles de la cuota para ese año, establecida en el TLC. El excedente se importó pagando un arancel del 80%, que por los menores costos de producción –menos de la mitad de lo que cuesta producir el arroz en Colombia–, permite que sea negocio hacerlo. Como puede verse, la amenaza es grande. Solo restricciones administrativas del gobierno, impiden que nos inunden con arroz norteamericano. Pero con funcionarios, como el ministro de agricultura, no pueden hacerse ni los agricultores, ni la industria molinera, ilusión alguna.
Con gobiernos sucesivos, comprometidos con la política de libre comercio al servicio de las transnacionales del comercio y la producción, mundial, que no les importa un comino arruinar la producción nacional, no se pueden equivocar los empresarios y trabajadores de los sectores agrario e industrial: ¡hay que cambiar de gobierno! Hay que utilizar la inteligencia electoral para apoyar los partidos y dirigentes comprometidos con la defensa del capital y el trabajo nacionales: esta es la “piedra de toque” que define quién defiende a Colombia y a sus gentes, y quién las traiciona.