Sentencia condenatoria cantada

La proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la llamada “yidispolítica”, al condenar por el delito de cohecho propio a los exministros  Sabas  Pretelt, Diego Palacio y al exsecretario de la presidencia Alberto Velásquez a las penas de 80 y 60 meses de prisión, al demostrarse plenamente que compraron el voto de la representante Yidis Medina para aprobar con nombre propio la reelección del presidente Alvaro Uribe. Y estaba cantada por la potísima razón de que no podía ser condenado solo el que recibió, en esta caso Yidis, que confesó su delito y por eso fue condenada, -lo mismo que Teodolindo Avendaño-, y no los que ofrecieron y entregaron el soborno para obtener el desviado resultado, que según la Corte, por ser patente realidad, le quebró el espinazo  con poder corruptor a la institucionalidad y al equilibrio de poderes que ahora estamos tratando de remendar.

Así las cosas, como se ha dicho, la condena a los exfuncionarios del gobierno de Uribe, -y ya van 8-, era inexorable, no como ha salido a decir el mismo Uribe -campeón en deslegitimar a la Justicia-, por oponerse a su reelección, sino por cometer delitos contra la administración pública. Pero también hay que decir sin elipsis que este es el punible ayuntamiento  inveterado que ha existido  entre el ejecutivo y el legislativo para legislar, que  no obedece al interés general, sino a los intereses particulares de la clase política que por desgracia nos gobierna, donde ha primado la compra del voto por burocracia, prebendas y contratos para adelantar todas las reformas en este desventurado país; solo que hasta ahora ha sido sancionado penalmente este procedimiento simoníaco que tanta desgracia nos ha traído, donde hay que comprarle literalmente el voto a los congresistas para que cumplan con sus funciones, que además ha sido inviolable e impune  como ocurrió con Samper que compró como todos sabemos su absolución por haber sido elegido con dineros del narcotráfico.

Y la Corte Suprema no solo profirió la ejemplar condena, sino que dijo más sobre el principal responsable del latrocinio al comunicarla mencionando al expresidente Uribe como determinador de las conductas de sus subalternos, porque lo fue como todos también lo sabemos por ser un hecho notorio que no fue citado en ningún pasaje de la sentencia condenatoria, por la elemental razón de que quedará, cosa rara, como simple constancia histórica vergonzosa porque el delito prescribió en manos de su no menos vergonzoso juez natural, cual es la Comisión de Acusaciones, que seguirá campante dispensando al mejor postor impunidad presidencial.

De ahí que resulta impertinente el editorial de El Tiempo del 17 de abril, reclamándole a la Corte prudencia por su comunicado para no “echar más leña al fuego” a la escandalosa hoguera de corrupción del gobierno de Uribe, porque callar sobre su responsabilidad no sería un acto de prudencia, sino de aplicar la política del gato  que siempre hemos aplicado en estos casos de impunidad presidencial, so capa de la tranquilidad republicana que nunca hemos tenido.