Seguridad ciudadana y desigualdad social

Se ha vuelto un cliché de campaña electoral hablar de seguridad ciudadana. Sobre todo, después del pavoroso gobierno de la ‘seguridad democrática’ del que el actual es un alumno aventajado. Quienes la promueven señalan como principal argumento que se debe hacer cumplir la ley. Con ello están prefigurando un gobierno de mano dura que, si es del caso, haga a un lado los derechos ciudadanos y las libertades públicas. Esta reacción es la respuesta a la proliferación de actos delincuenciales en calles, veredas y ciudades: el ‘raponazo’, el atraco a mano armada, el fleteo, el sicariato, el robo de residencias y negocios, etc.; hechos evidentes que asolan a la población. Es una cara de la moneda. La otra, es la segregación y la desigualdad que en nuestras ciudades ha ido quedando como secuela de políticas urbanísticas y de desarrollo económico, profundamente equivocadas. Al olvidar las aspiraciones y derechos de sectores importantes de la población se están creando situaciones de discriminación social que replican y perpetúan ciclos de pobreza, falta de oportunidades y perspectivas de futuro escasas y limitadas, especialmente para los más jóvenes.

No es entonces extraño ver que los actores principales de los delitos comunes sean personas muy jóvenes, incluso menores de edad; provenientes de familias en descomposición se levantan con carencias personales de todo tipo: falta de afecto, educación familiar en los valores básicos de la vida en sociedad, escasez de alimento, vestuario, salud preventiva y acceso al sistema educativo formal. La proliferación de familias no convencionales: madres cabeza de hogar, uniones libres transitorias y sucesivas, familias de inquilinato…, con reglas de comportamiento instauradas a través de la violencia que no de la persuasión, dan lugar a miles y miles de jóvenes que son pasto de corte para pandillas y comportamientos delincuenciales de todo tipo. Sumémosle el narcotráfico y el cuadro no puede ser peor.

Comprender que en esta conformación social influyen, de manera determinante, las políticas de urbanismo y de desarrollo económico es vital para trazar orientaciones de mediano y largo plazo que permita superar esos desajustes sociales. Tener barrios para pobres y para ricos, así como, educación, salud, empleo, como prácticas sociales discriminatorias conduce inevitablemente a la descomposición social con todas sus consecuencias. Una ciudad como Neiva, con un 70% u 80% de pobreza real (basta mirar la composición por estratos donde la suma del 1, 2 y 3 superan el 80% de la población), con niveles de informalidad en el trabajo superiores al 65% permiten entender que la bomba social sea una caldera en ebullición.

Pensar además, que estos fenómenos sociales se puedan controlar únicamente con gobiernos de mano dura, la vulgar represión, es otra deformación de la sociedad antidemocrática en que nos hemos acostumbrado a vivir y, lo único que se conseguiría sería perpetuar el problema. Tampoco habría fuerzas de policía suficientes, ni presupuesto que aguante. La política de inclusión urbanística y económica, y de servicios sociales iguales para todos los ciudadanos, es condición sine qua non para tener una sociedad sana.