Santos: a media luz

La ventaja de tener a Juan Manuel Santos como Presidente de los colombianos, es que así como vive él, respecto al ejercicio del mandato mismo y de su conocimiento de lo que es gobernar, quiere que todos los compatriotas, vivamos a media luz, de espaldas a la realidad nacional, confundidos bajo el artificio de la improvisación y del desaliento estatal, o mejor, en tinieblas, frente a la hecatombe que se nos vino encima y que busca disfrazar con un supuesto proceso de negociación en la Habana y con falsos derroteros de una política institucional condenada al fracaso y a la pérdida total de la concepción de nacionalidad o de respeto del otro.

En sus últimas alocuciones es frecuente escucharlo advertir “Yo he decido”, “Yo he impartido precisas instrucciones” y demás frases que dejan mucho que desear de un gobernante y que parece que quisiera imitar a los dictadores o a los mequetrefes que llegan al poder viendo pajarillos en el aire o construyendo palacios invisibles para que las vacas deambulen por todos sus pasillos, como lo escribiera Gabo en una de sus obras de la literatura universal.

Es que gobernar es parte de un proceso en el que los asesores y ministros, al igual que los gobernados y destinatarios de ese gobierno mismo, no podemos estar para aplaudir las salidas en falso del gobernante, o no podemos permanecer ajenos a todo cuanto sucede y mucho menos dejar pasar o considerar como inadvertidos los procesos históricos que se viven, no solo dentro de nuestro territorio, sino a todo nivel nacional e internacional.

Cuando se convoca a respetar las decisiones judiciales, es el mismo Presidente, quien ordena no acatar los fallos internacionales. Cuando se advierte en la necesidad de vigilar y controlar la legalidad procesal, es el mismo Presidente quien considera que se debe abandonar la intervención de Colombia en un Tribunal Internacional, como si las consecuencias de sus fallos no tuvieran relevancia o trascendencia orbital, todo, sin haber convocado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Gobierno y sin ningún escrúpulo luego de haber pagado ocho millones de dólares para los Abogados que han asumido los contratos de defensa del Gobierno, y que son sus protegidos, que ante este fracaso y la inutilidad de su gestión deberían ser condenados a restituirlos.

Este estado de cosas, sumado al fenómeno del niño y al apagón que nos quieren obligar, mientras las instituciones del Estado despilfarran el erario público y la corrupción sigue sin control y sin ninguna expectativa de redención, hacen que perdamos la fe y que en medio de una semana de pasión que se nos vino encima, tengamos que advertir que es una verdadera hecatombe sin proyección, esta debacle que tenemos que soportar por la ausencia total de gobierno y de líderes políticos que nos permitan avizorar una salida para el país.

No es tarde, y aún seguimos pregonando la necesidad de ese juicio histórico de responsabilidad política que nunca hemos querido ejercer, como ciudadanos, como compatriotas que tenemos la esperanza en la adopción de políticas fiscales de contenido social, donde el primer paso que estimamos se ha de dar y que proponemos al juicio público, debe ser el que tiene que ver con el cierre del Congreso de la República y de las corporaciones como las Asambleas y Concejos Municipales, entre otros, para rediseñar las políticas de participación ciudadana.

Seguidamente debemos adoptar los mecanismos de control en la contratación estatal y replantear las funciones de Contralorías y Procuradurías, en este proceso, pero siempre y cuando la Fiscalía General de la Nación, no se disfrace con decretillos de baja estirpe, para pregonar una falsa meritocracia que no deja de ser más que un esperpento populista, para disfrazar una orden Constitucional, con el ropaje de la trasparencia y de legalidad, no son más que velos rotos de un desgobierno que perdió el rumbo de sus papel histórico.