Santos y el hacinamiento carcelario
Colombia es un país corrupto y no necesitamos mayores elementos de juicio para corroborarlo, las instituciones que nos representan en todos sus estratos, día a día alcanzan los niveles de corrupción, en la falta de transparencia, en la desidia total de sus responsabilidades y lo que es peor, en la ausencia total de controles o de vigilancia a la cosa pública. Vivimos en el país de la impunidad, dela injusticia y de la deslegitimación de sus instituciones y de sus representantes.
Valga destacar entre otros que el simple hecho de que el señor Juan Manuel Santos, desde la presidencia de la República, este buscando su reelección presidencial, y haya olvidado por completo sus obligaciones como jefe del Estado en garantizar a los colombianos los derechos mínimos que la Constitución ha consagrado en nuestro beneficio, es una de las circunstancias que tienen que llevarnos a pensar que debía estar siendo procesado por la Corte Penal Internacional, por todos y cada uno de los delitos cometidos por violación de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en las cárceles colombianas, entre otros.
Y es tan cómplice el actual mandatario como su antecesor, y lo más grave aún, que deben sumarse a esa investigación dada la responsabilidad política y funcional que les correspondìa a quienes han ocupado la representación en el Ministerio de Justicia y Ministerios de Hacienda y los Magistrados de las Altas Cortes Colombianas, cuando han actuado de espaldas al país y han desconocido los elementos esenciales que les correspondían en cuanto a la adopción de políticas criminales, de inversión de recursos y de direccionar los procesos de rehabilitación social requeridos en dichos tratamientos punitivos.
El hacinamiento carcelario y la muerte de muchos de ellos en los centros penitenciarios, sumado al hecho de la ausencia de tratamiento mèdico o de asistencia en salud, y especialmente la carencia total de políticas de resocialización, tienen que sumarse en un solo precedente para estimar que la desviación de los recursos hacia la justicia, la falta de esas políticas criminales y la ausencia de entes que se hayan puesto en la tarea de controlar la ejecución de dichas políticas, se suman en un todo para ampliar ese juicio de responsabilidad histórica que tanto hemos exigido del pueblo colombiano.
Por consiguiente, participar del proceso electoral que actualmente se nos vino encima, considerar que se deben reelegir a los congresistas que en nada han contribuido con las tareas que anteriormente se les ha encomendado, es tan peligroso como hacer parte de ese coro de inmorales funcionarios que se han encargado de crear una gran distancia entre el elector y el elegido y que han abusado de su posición dominante para perpetuarse en el poder, sin mirar las consecuencias que sufren las colectividades.
Desafortunadamente los ciudadanos siguen estando al servicio de los Congresistas o de los Funcionarios Pùblicos, cuando deben ser estos quienes deben estar inmersos en la problemática social que se vive a diario, no para enriquecerse o beneficiarse de su curul o de la burocracia, sino para beneficio social. Es hora de que uno de los acontecimientos mínimos que tiene la sociedad, como es la imposición de penas, el tratamiento penitenciario y la justicia restaurativa, cumplan una función esencial en la sociedad, dentro de un Estado Social de Derecho. Mientras ello no suceda, todo será un caos. Todo será inútil y los grandes responsables como ha quedado dicho anteriormente, deben ser castigados y sancionados ejemplarmente por las autoridades internacionales, ya que las nuestras no han servido para nada.
