Salud y justicia

La Administración de Justicia está en deuda con el país, cuando de controlar y vigilar las actuaciones de los entes encargados de direccionar la prestación del servicio público de salud, se trata, como de otras tantas necesidades del pueblo colombiano, obras inconclusas, inversiones despilfarradas, sin control fiscal, o de procuraduría y convertidas en una caja menor de enriquecimiento de unos pocos.

Gracias a la Acción de Tutela, se han encaminado con satisfacción muchas de las formas de hacer posible una pronta e inmediata atención por parte de la E. P. S., I.P.S, y demás instituciones que se han creado para controlar y direccionar los recursos del Estado, y gracias a la Tutela, muchos colombianos han obtenido atención, no por políticas institucionales, sino por las implicaciones y responsabilidades que se derivan de su desacato.

En medio de todo este asunto, es cuando en el Departamento del Huila, la Fiscalía General de la Nación, procedió a judicializar a exfuncionarios de la Administración Pública, por y como consecuencia del mal manejo de los recursos para la Salud, que nunca llegaron a sus beneficiarios, y que por el contrario, enriquecieron a unos pocos.

Con el paso de los días, se evidencian las contrataciones irregulares, los fenómenos de corrupción que enlodan uno de los servicios que tiene el Estado, para garantizar los derechos fundamentales más preciados de los colombianos, como lo es la Salud, y detrás de todo esto, la forma como se aprovecharon de sus recursos.

Las voces de la opinión pública, advierten que aún no se ha hecho evidente una acertada judicialización a todos los que tenían que ver con dichos recursos, entre ellos, los secretarios de Salud, interventores de los contratos, y la forma como las mismas empresas de salud de cada municipio, fue desconocida o sirvió de puente para el ejercicio abusivo de dicha forma de contratación estatal, e incluso a las Contralorías encargadas de la vigilancia de dicho manejo de recursos económicos del Estado, y finalmente dónde estaba la Procuraduría para vigilar y sancionar a tantos funcionarios corruptos?.

Por el momento, el fenómeno de las irregularidades en la contratación, la prestación del servicio y la posibilidad de hacer efectivos los mismos, es lo que está en la mira de las autoridades, porque después o detrás de todo esto, viene el andamiaje que ha de direccionarse por el enriquecimiento indebido, ilícito o ilegal, en que incurrieron los beneficiarios directos de dicha contratación, ya que previamente a cualesquier forma de manifestación irregular de la contratación, ha de derivarse un provecho indebido en unos pocos, que tiene que terminar con las aplicaciones sancionatorias con todo el rigor de la ley.

Considerar como se pretende, que el ordenador del gasto en el momento de la contratación, pueda desconocer la forma de ejecución de dichos contratos o que la interpretación de la ley, al acomodo de sus abogados, será suficiente para que reine la impunidad y el enriquecimiento ilícito de todos los que se apropiaron de sus recursos, sería el peor desastre de la administración de Justicia.

Recientemente los cargos se reiteran, se suman y se deja ver a la luz pública, el gran daño que han hecho instituciones de nuestro departamento, con quienes ejercieron funciones en la Alcaldías Municipales, hoy afortunadamente privados de su libertad, y que quienes aún quedan fuera de ellas, que muy pronto reciban, con los demás funcionarios, las sanciones que les corresponde, para que se terminen penas ejemplares y ejemplarizantes y procurando hasta la saciedad, obtener la reparación integral de dichos recursos, convertidos de la noche a la mañana en suntuosas viviendas, hermosas haciendas, ganaderías en los Llanos e inversiones en el extranjero, como se dice por doquier.

Hay momentos de respiro y de alivio, y es cuando tenemos la certeza de que la Justicia, puede cumplir una buena misión en depurar este fenómeno de la corrupción, que campea con uno de los problemas sociales del pueblo colombiano, como lo es la prestación de salud.