Sabia decisión

De acuerdo con los magistrados, con esta decisión se “promoverá un mejor uso de los recursos públicos y no se sacrificarán principios constitucionales, en particular el principio democrático".

Al ser eliminado este proceso de elección, los parlamentarios deberán ser elegidos por los mismos miembros del Congreso de la República, dos del Senado y tres de la Cámara de Representantes, con lo que en primer lugar el Estado se ahorra una considerable suma de dinero -como la que destinaba la Registraduría para adelantar el proceso de elección en procesos democráticos- como los cinco sueldos –mal contados unos 125 millones de pesos al mes- y todas las otras muchas ‘arandelas’ que habían logrado los parlamentarios andinos, como viáticos, tiquetes aéreos y en general una serie de recursos que nunca se vieron representados en gestiones o en beneficio alguno para el país.

Con esta sabia decisión, la Corte, con el apoyo de la Procuraduría que ya había solicitado lo mismo, terminó con una real alcahuetería que en nada servía al país y que por el contrario estaba desangrando el erario público, quitando recursos que se pueden destinar a verdaderas necesidades y prioridades.

El paso siguiente debe ser blindar el proceso para que más adelante no se le ocurra a otro presidente del Senado proponer el adefesio que por fortuna ahora se corrige.

No nos extrañemos que ahora los elegidos –que ya estaban alertados sobre esta decisión- les dé por demandar al Estado, alegando que fueron “elegidos democráticamente”, cuando ya estaba cantado desde meses atrás (lo dijo el propio presidente Santos)  que la elección del Parlamento Andino dejaría de ser independiente, a lo que muchos hicieron caso omiso, por las obvias razones que ya conocemos y que no son otras que el interés de desangrar al Estado.

Este es un paso gigante, sin embargo, el país tiene que seguir trabajando en una verdadera y profunda reforma política, un cambio que es más que necesario, sobre todo para que instituciones como el Senado y la Cámara dejen de estar entre las entidades más cuestionadas y de menor credibilidad en el país.