Revocatoria - Secuestro y algo más

Hay que decirlo con franqueza. La propuesta de revocatoria al Alcalde Lara es totalmente inconveniente e inoportuna, pero además, no guarda coherencia alguna con el espíritu de la figura jurídica que se pretende utilizar, pues debe recordarse que ella tiene relación directa con la del voto programático y con el Plan de Desarrollo.

En tales condiciones se observa más como una intentona de la peor calaña politiquera tal vez inspirada por los viudos del poder local. Debo precisar que no conozco a sus promotores ni soy amigo del Alcalde, por tanto, mi opinión esta ceñida a la mayor objetividad posible.

No obstante, conviene que el Alcalde Lara reflexione, evalúe rigurosamente el desempeño de cada uno de los miembros de su equipo sin amiguismos o sentimientos partidistas, pues es evidente que existen fallas en su gestión pública que debe corregir con sensatez y humildad, para lo cual, debe asumir un liderazgo articulador al interior de la administración y comunicar con transparencia los avances de la misma.

En particular, quiero llamar la atención sobre la cuenca de Las Ceibas y el rediseño institucional y funcional de las Empresas Públicas, pues las urgencias son indiscutibles y sus soluciones no dan espera. Al parecer, siguen sin entender que el cambio climático y el enorme crecimiento de la demanda son factores que colocan en alto riesgo la sostenibilidad ambiental de la cuenca y de contera, la razón de ser de la empresa puesto que ella es su principal activo.

Cambiando de tercio, es imperativo rechazar de manera contundente el vil secuestro del ganadero FABIO DURAN BORRERO, el cual, al parecer, es responsabilidad de las Farc.

Al respecto, entendiendo que al gobierno nacional no le conviene aceptarlo por la alta incidencia en el desarrollo actual del proceso de paz, las fuerzas militares y en especial el Gobernador GONZÁLES VILLA, tienen la obligación ética y legal de precisar, ya a la altura de la investigación respectiva, que grupo delincuencial lo tiene en su poder, pues los huilenses tenemos el derecho de saber la verdad.

De otra parte, y precisamente por tener efecto colateral con el proceso de paz, con la venia de los amables lectores, transcribo  dos apartes de la columna del prestigioso jurista RODRIGO UPRIMY publicada en el El Espectador del domingo anterior, en la cual, de manera contundente cuestiona la competencia  del Consejo de Estado para declarar la nulidad del resultado del plebiscito con relación al infortunado Auto Admisorio proferido por la Consejera Lucy Yanet Bermúdez recientemente.

"No puedo en ésta columna comentar en detalle ciertos defectos técnicos importantes de ese auto, como la falta de un estudio adecuado de si el Consejo de Estado era o no competente en este caso.” Luego concluye:  “ Los jueces pueden tener un rol importante en combatir la política de la posverdad, como castigar a quienes mientan deliberadamente, pero no parece que su papel sea anular una elección porque la campaña ganadora difundió falsedades"

Los colegas abogados y quienes no lo son, tienen aquí un autorizado concepto que nos da la razón a quienes rechazamos la nefasta injerencia de la politiquería en las decisiones judiciales, que además, amenaza seriamente la democracia, pues la separación de poderes es una de sus características esenciales.