Restaurantes escolares

En otras regiones del país, se han venido denunciando ante los organismos de control, algunas presuntas irregularidades sobre el manejo de los restaurantes escolares, por parte de los operadores contratistas que prestan dicho servicio. Los restaurantes escolares, están reglamentados por el Ministerio de Educación Nacional; han sido blanco de críticas, quejas y altos índices de corrupción, cáncer que en Colombia filtra lo infiltrable y corrompe lo incorruptible. En los medios de comunicación se denuncian frecuentemente las dificultades que presentan este programa de alimentación escolar, por parte de los veedores de las comunidades, manipuladoras de alimentos, rectores de las diferentes Instituciones Educativas y estudiantes, que elevan quejas a los entes de control. En muchas ocasiones la mala calidad de los productos perecederos y no perecederos, el no cumplimiento con la minuta patrón, el mal estado del menaje y la no compra de los productos en la región, entre otros, que son el pan de cada día, en las denuncias de los actores antes mencionados.

El gobierno departamental, tomó la determinación a buena hora, de solicitar a la Bolsa Mercantil, la cancelación del contrato del suministro de alimentos para 36 municipios del Huila. El pasado 8 de febrero, se llevó a cabo la rueda de negocios en Bogotá, en la que resultó seleccionada la Unión Temporal PAE Huila 2017, constituida por empresas de Pasto, Sincelejo y Cartagena; en ese entonces, la empresa que ganó la licitación de la bolsa mercantil presentó todos los requisitos en regla tales como liquidez financiera, endeudamiento, razón de cobertura de intereses, patrimonio y capital de trabajo y además la experiencia de ejecutar contratos por la misma cuantía celebrada en la licitación, el cual era el suministro de 132.000 raciones diarias de alimentos y la ejecución de contratos similares al objeto de la presente contratación, que es alimentación escolar preparada en sitio. Tenía cinco días para cumplir con otros requisitos, que incumplieron. Debían iniciar la ejecución de la prestación del servicio el 16 de febrero, pero no realizaron el depósito por $1.500 millones aproximadamente, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la constitución de una póliza de garantía ante una compañía aseguradora que amparara al departamento por el cumplimiento, la calidad del servicio y la responsabilidad civil y extracontractual y el pago de prestaciones sociales por un valor aproximado de los seis mil millones de pesos y además asumir el costo del pago de impuestos departamentales por $500 millones. El gobierno departamental tiene garantizados todos los recursos. A pesar de las consecuencias que lo anterior, genera para la población estudiantil huilense, había que blindar todo el proceso contractual, para evitar los inconvenientes que se han presentado en otros departamentos del país, con el desarrollo de este loable programa, que permite suministrar un complemento alimentario durante la jornada escolar, para impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables.