Replantear la política de drogas
Uno de los grandes beneficios de un posible tratado de paz con la insurgencia, es la apertura de discusiones nacionales, absurdamente depuestas de profundidad e importancia, por considerar a las guerrillas como la única fuente de nuestras fatalidades como país.
La paz también puede ser una victoria discursiva de la nación. Ahondar en las raíces de nuestros problemas, en las causas fundamentales de nuestros fracasos colectivos, en la verdadera discusión democrática y pluralista de las reformas aplazadas.
La guerra en Colombia ha asumido muchas caras distintas, desde lugares impenetrables, con redes ocultas y en ocasiones sin un proyecto político definido. El interés mezquino de grupos sanguinarios y cautelosos al servicio de la riqueza y el poder de personajes discretos. Esos enemigos se alimentan del mercado ilícito de drogas y son consecuencia de la pésima desmovilización de una tropa despiadada. Los Urabeños, los Rastrojos y el Erpac son las bandas más conocidas, sin embargo, otras organizaciones “tipo B”, según la Dijín, operan en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas; en la región pacífica y caribe, en el Magdalena Medio, en el Eje Cafetero, en los Santanderes y los Llanos.
El factor en común de estas bandas criminales, es su poder derivado del narcotráfico y las oficinas de cobro, mas el mercado de drogas ilícitas es su principal fuente de financiamiento. Estas organizaciones delincuenciales son un molesto obstáculo para las reformas democráticas que precisa el país, su poder e influencia en la institucionalidad es la principal amenaza en un escenario de posconflicto.
Es un deber con la historia y con la lealtad frente a un sueño de país verdadero; discutir y replantear profundamente la política de drogas. Las alarmas se prendieron en los medios nacionales, cuando, según el diario The Washington Post, Colombia volvió a ser el mayor productor de coca en el mundo, por encima de Perú y Bolivia.
La estrategia de “tolerancia cero” y la “guerra contra las drogas” han fracasado rotundamente. El populismo punitivo, sesgado en la persecución asidua de los consumidores, ha priorizado las estrategias de represión a los pequeños eslabones de la cadena del narcotráfico, mientras el poder de los organizaciones criminales permanece intacto. Según el informe de la Comisión Global de Política de Drogas (2014); es necesario i) poner la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar, ii) asegurar el acceso de medicamentos esenciales para el control del dolor, iii) poner fin a la penalización y encarcelamientos de las personas que consumen drogas, iv) reorientar las medidas de represión hacia el narcotráfico y el crimen organizado y v) regularizar los mercados de drogas para que los gobiernos asuman el control.
Está demostrado empíricamente (según el estudio) que la penalización del consumo de drogas no tiene un efecto disuasivo, es decir, no hay una correlación entre las medidas coercitivas y la terminación en la prevalencia del uso. Igualmente, es preferible que el mercado de drogas este regulado y controlado por los gobiernos - desde una estrategia de salud pública- en lugar de los carteles y bandas criminales. El narcotráfico no sólo genera daños en la salud de las personas, también perpetua el crimen, la violencia, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la degradación del medio ambiente, el desplazamiento de las comunidades y el poder sanguinario de organizaciones criminales.
Replantear la política de drogas es una reforma irrenunciable. El conflicto armado se alimenta de una guerra mucho más compleja y latente que la misma presencia armada de las guerrillas. El narcotráfico y su poder devastador son la gran amenaza de una Colombia en paz.
