Reparación integral de victimas

Desde que el gobierno nacional promulgó la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por medio de la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, denominada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se ha podido adelantar un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, individuales y colectivas contempladas en artículo 3° de la misma, dentro del marco de la justicia transicional, para posibilitar y hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

Nuestro departamento ha sido afectado fuertemente por la violencia a que nos han sometido el grupo insurgente de las Farc, durante más de cinco décadas. Tenemos aproximadamente 190.000 huilenses que han sido víctimas de la fratricida guerra. Además, nos han llegado desplazados de otras regiones de Colombia que han venido a conformar los grandes cinturones de miseria que tenemos en la ciudad de Neiva y en el resto de municipios. Solamente en Neiva tenemos 94 asentamientos subnormales, que reflejan la gravedad de la situación social y económica que vive la región.

Por tal motivo se necesita con urgencia que el gobierno nacional incorpore al Huila, dentro del plan nacional de inversiones que se van a ejecutar dentro del proceso del posconflicto que se nos avecina. No es justo que inicialmente hayamos sido discriminados por la lectura errónea que se tiene desde las carteras ministeriales en Bogotá. Nos agradó la visita del Director Nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, Alan Edmundo Jara Urzola quien tuvo la oportunidad de estar reunido con las autoridades regionales y visitar algunos municipios que en otrora fueron epicentro de grandes confrontaciones y de una escalada terrorista de las Farc, que dejó afectada a la población y daños a la infraestructura productiva de este territorio.

Para ello, es importante que los alcaldes adelanten los procedimientos sobre los mecanismos para acceder a los programas que tiene estructurado el gobierno nacional para tal efecto, quienes deben encaminar trabajos en conjunto, en el tema de víctimas que, desde su dependencia a su cargo, se puedan articular el accionar gubernamental con las demás dependencias del orden nacional. Ojalá que todo este discurso de promesas no quede en el aire y se conviertan más adelante en factores detonantes para que se presenten protestas sociales que en nada benefician al departamento. Uno de los mayores desafíos que Colombia enfrenta en la construcción de paz, es la reparación de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos como consecuencia del conflicto armado, que todavía sigue activo después de 50 años.