Reglamentemos todas las aguas
Álvaro Hernando Cardona González
En cuanta opinión se exprese sobre la manera de administrar de la mejor manera posible las aguas nacionales para que estas alcancen a abastecer todas las necesidades y aquellas en aumento de los colombianos, se menciona que el principio es legalizar todos los usos que a ellas se dan.
No puede olvidarse que las aguas, en cualquiera de sus estados, pertenecen a todos los colombianos; por eso las aguas son de propiedad nacional o de uso público. Y por ello la legislación colombiana privilegia dos maneras de otorgar las autorizaciones de uso de las aguas: por concesión, que es la más frecuente, y por reglamentación de una corriente (ríos o quebradas) o depósito de aguas (lagos o lagunas). La Reglamentación de las Aguas de Dominio Público (su nombre completo y preciso) es el estudio de la mejor distribución del recurso hídrico que discurre por una corriente o derivación, o se halla en un depósito, de acuerdo con el reparto actual y las necesidades presentes y futuras de los predios a beneficiarse con las mismas.
Ahora, ¿por qué estamos advirtiendo que es necesario concesionar o reglamentar debidamente todas las aguas? Porque existe la obligación legal de hacerlo y porque al ordenar su uso, inventariar tanto los usuarios como los aprovechamientos, conocer los comportamientos hidrológicos vamos a saber realmente con cuánta agua contamos para abastecer a la población y hasta cuánto podremos aumentar las producciones agropecuarias e industriales. Y adicional, porque sólo así realmente, sin sofismas, se podrá administrar eficazmente y someter a control por quien debe administrarlas (corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible).
No puede darse más plazo a las autoridades ambientales para que procedan a reglamentar todas las aguas de dominio público de Colombia; insistimos, con premura, porque no han cumplido con dicha obligación legal existente desde 1978. Y más en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo que acaso son los más ricos en producción hídrica nacional y los de mayor disponibilidad del recurso para nuestra suerte económica.
Si queremos administrar bien nuestro preciado recurso, lo primero es cumplir con la Ley y con un instrumento eficaz para ello, como es la reglamentación de las aguas.
Inventariar todas las fuentes y todos los usos de las aguas de la Nación, conocer su comportamiento, es administrar la riqueza nacional y vislumbrar un mejor futuro para un país que poco planifica y garantizar el desarrollo sostenible que hace posible un futuro mejor para todos. Si hubiéramos tenido conocimiento de las aguas y su comportamiento, los daños del invierno pasado no hubieran sucedido.
