domingo, 12 de julio de 2026
Opinión/ Creado el: 2016-08-03 09:43

Reflexiones acerca de la paz- parte II-

Ernesto Cardoso Camaco

Escrito por: Redacción Diario del Huila | agosto 03 de 2016

Para una mejor compresión de las valoraciones conceptuales acerca de los puntos esenciales de los acuerdos hasta ahora logrados, es necesario desglosarlos en el entendido que todos tienen un hilo conductor que es la terminación del conflicto a través de la negociación política

La dejación de las armas y la reincorporación de los combatientes a la vida civil son aspectos que tienen una estrecha relación entre sí, dado que es comprensible que no podrían reincorporarse sin abandonar la lucha armada y por ello, tuvieron que acudir a la ONU para que apoyara los procedimientos o protocolos acordados. En este aspecto queda pendiente una preocupación válida advertida por el Procurador General en su función de Ministerio Público, es decir como representante de los intereses de la sociedad, la cual consiste en que no es claro si los miles de milicianos de las farc ubicados en las áreas urbanas de varias ciudades están o no obligados a desmovilizarse y a entregar sus armas.

Con relación a la elegibilidad política es indudable que ésta no es posible para quienes hayan protagonizado delitos de lesa humanidad de conformidad con los postulados normativos del DIH, es decir, que los miembros del secretariado o la cúpula de las farc estarían inhabilitados para aspirar a cargos de elección popular. Ante tan pertinente prohibición y con el indudable propósito de eludirla, es que se explica lo adoptado en el capítulo correspondiente de la Justicia Transicional que permitiría luego de la investigación, el juzgamiento y el pago de la pena  que en caso de confesión, sería restaurativa y no mayor de 5 años.

Otro aspecto crucial de lo acordado que aún no se conoce pero que a pesar de ello despierta enorme preocupación en la opinión ciudadana, tiene que ver con la reparación o indemnización de las víctimas, pues por una parte al parecer el gobierno no la ha exigido con la contundencia inevitable, y por la otra, las farc han reiterado que no tienen los recursos financieros para hacerla; posiciones que son inaceptables dado que sería una enorme injusticia que fuera el ciudadano de bien, acosado con los impuestos y en una coyuntura económica tan difícil, quien tuviese que aportar los recursos para tal fin.

Nadie podría desconocer que siendo el narcotráfico el mayor ingreso de las farc desde hace varios años, vengan ahora a decir que no tienen recursos con qué reparar a sus miles de víctimas y que, adicionalmente, deberían comprometerse seriamente a entregar rutas, laboratorios, equipos de transporte, testaferros, en fin, garantizar el fin de tan nefasto negocio criminal. Sin embargo, ya estamos viendo que existen frentes dedicados a tal actividad criminal que anuncian el rechazo a los acuerdos y que no se desmovilizarán, hecho que sin duda causa gran preocupación.

Ahora bien. Los puntos acordados en la negociación tienen una especie de paraguas o blindaje jurídico con el cual se pretende, por una parte, sacrificar el bien supremo de la justicia con el mecanismo de la llamada justicia transicional o restaurativa; y por otra parte, su incorporación a la constitución en el llamado bloque de constitucionalidad y del desarrollo legislativo de los acuerdos en cabeza del presidente, por delegación del Congreso, en el llamado Acto Legislativo para la Paz.

Sin duda alguna la más fuerte objeción que despierta en la mayoría de los ciudadanos esta negociación, se refiere al elemento político de la refrendación dado que el Plebiscito que acaba de aprobar la Corte Constitucional, exige un umbral pírrico de apenas el 13% del censo electoral para validar democráticamente el acuerdo final, cifra que equivale apenas a 4 millones 387 mil votos, de un total de 31 millones de electores potenciales, es decir que la eventual aprobación corre el altísimo riesgo de ser precaria e insuficiente en relación con las consecuencias históricas de lo acordado.

Pero hay que decirlo con franqueza. El haber bajado el umbral del 50 al 13% en indudable connivencia entre el Congreso y el gobierno, con el aval de la Corte; genera en el colombiano de a pie un gran escepticismo que puede llegar a polarizar aún más la confrontación política existente, con el riesgo eventual de que la Paz así acordada, termine siendo  un remedio peor que la enfermedad que pretende erradicar.