Reflexiones acerca de la paz- Parte I

En muchas ocasiones se ha utilizado la expresión  “estamos en una coyuntura histórica de la sociedad colombiana”, convirtiéndose de alguna manera en una frase de cajón. Sin embargo, la realidad actual y el inmediato futuro si constituyen de verdad una dramática etapa de la historia que nos marcará, para bien o para mal, el derrotero de los próximos años.

Se trata de la negociación política que pretende dar fin al conflicto armado interno, al que curiosamente el gobierno ha llamado “guerra”; las FARC denominan “Conflicto Social Armado”; y los colombianos del montón llamamos “subversión”. En cualquiera de los casos, el hecho cierto es que las FARC iniciaron su lucha armada pretendiendo alcanzar el poder para cambiar la estructura económica, política y social que consideraban oprobiosa, llena de injusticias y desigualdades, para imponer un modelo de desarrollo basado en la ideología comunista; propuesta que a partir de los 90 se transformó en la combinación de narcotráfico y lucha armada, en donde los ideales políticos fueron reemplazados por el secuestro extorsivo, las masacres, las minas antipersonales, el reclutamiento y abuso de menores, el desplazamiento forzado, la extorsión, los ataques a la infraestructura nacional, la destrucción de recursos naturales y finalmente la minería ilegal; todas ellas sin duda alguna, conductas que violan el Derecho Internacional Humanitario y constituyen delitos de Lesa Humanidad.

Luego de casi 4 años de adelantarse la negociación política en la Habana y de los anuncios acerca de los acuerdos logrados, en el entendido que “nada está acordado hasta que todo este acordado ”, es necesario formular algunas reflexiones que permitan asumir una postura objetiva y sensata acerca de las eventuales consecuencias que la Paz de Santos y las FARC puedan ocasionar en el contexto institucional para el inmediato futuro de la sociedad colombiana.

Lo primero es sin duda que tipo de paz se ofrecerá.  ¿ Una paz estable y duradera que garantice de verdad la superación del conflicto? Para valorarlo, es inevitable referirse al acuerdo de Justicia Transicional; a la Dejación de Armas; a la Reincorporación de los Combatientes a la vida civil; a la Elegibilidad Política de los miembros del Secretariado; a la Reparación de las Víctimas; y a la finalización del narcotráfico por parte de las FARC.

Como se observa, cada uno de los aspectos mencionados constituye la esencia de los acuerdos que hasta ahora se conocen, los cuales generan, como es apenas natural, intenso debate político y jurídico, entre otras cosas, por existir vigente la legislación internacional de Derechos Humanos adoptada por Colombia en el bloque de constitucionalidad, la cual conduce a que la Corte Penal Internacional tenga competencia para investigar y sancionar con penas muy severas, los delitos de Lesa Humanidad, cuando en la legislación y en el sistema judicial penal interno no sean investigados y sancionados con tales estándares internacionales.

En consecuencia, el tema de legitimidad política y jurídica del Acuerdo Final resulta de enorme trascendencia, dado que éste deberá ser refrendado por el constituyente primario en uso de su soberanía; más allá de la presunta promesa generosa del Presidente Santos avalada recientemente por las Farc, a través del PLEBISCITO, instrumento que fuera objeto de sustancial reducción del umbral obligatorio previsto en la Ley Estatutaria, del 50 al 13 por ciento del censo electoral vigente.

Esta decisión del Congreso a iniciativa del gobierno es quizá la mayor afrenta a la democracia y a la seguridad jurídica del proceso, al punto que como se recordará, las Farc exigían que el mecanismo de refrendación fuese una Asamblea Constituyente, pero finalmente acaban de aceptar que sea el Plebiscito que está a examen y revisión de la Corte Constitucional.

Por la brevedad del espacio y la complejidad de las reflexiones sugeridas es inevitable profundizarlas en un siguiente comentario, razón por la cual, ofrezco de antemano las debidas disculpas a los amables lectores.