Referendo por la paz

En medio de las negociaciones de la Habana con algunos de los alzados en armas, se discute en los actuales momentos si los negociadores de las FARC, deben presentarse ante la Corte Constitucional para refrendar su sujeción a los resultados del mismo, o bien, que están convencidos de que todo este proceso, realmente es un compromiso serio, responsable y no una distracción en el juego político que se ha vivido a lo largo de la historia de violencia colombiana.

Igualmente se discute si la garantía de dichas negociaciones o un acuerdo al que se llegue, puede ser considerado, como un tratado de connotaciones recíprocas propias de las que se firman con otros Estados, o que quizá, tengan tal fuerza y fundamento, que por sí solos, sean suficientes para no registrar o demandar el aval y el reconocimiento de los ciudadanos mediante la modalidad del Referendo.

Se olvidan algunos críticos y científicos del Derecho, que este proceso es la suma de más de ochenta años de violencia, o mejor, es la consecuencia de un Estado de Derecho que ha patrocinado la ilegalidad con argumentos de legalidad o que ha revestido de legalidad tantos procedimientos ilegales o gobiernos corruptos o formas de manejar el poder por castas políticas que se niegan a ejercer un mandato en beneficio social de las comunidades.

Nuestros gobiernos se han venido repartiendo el poder, que mejor ejemplo del Frente Nacional, en el cual, dos partidos mayoritarios, según se dijo en ese momento, decidieron turnarse el mandato y apoyarse mutuamente distribuyendo la cuota burocrática, como se viene haciendo hasta el momento, a efectos de silenciar los procesos de corrupción y de bandidaje que se esconden desde las instituciones del Estado y que se proyectan en un diario vivir, en un acontecer que ha terminado por moldear y cosificar al ciudadano de hoy.

Consideramos como la mayoría de los colombianos, que hasta tanto no haya políticas coherentes que busquen un Acuerdo de Convivencia, donde las prácticas del ejercicio del poder político no se depuren, no se enjuicie como debe enjuiciarse a la clase política tradicional y no se diseñen estrategias o modelos de cambio y de transformaciones sociales coherentes con la familia, con el ser social, con la solución a los problemas prioritarios de la sociedad como son la salud, la educación y el empleo, es imposible, es prácticamente imposible cualquier negociación con las fuerzas del crimen o con los alzados en armas.

Hasta el momento y luego de muchas conversaciones de Paz con la subversión, especialmente con las FARC, qué ha hecho el Gobierno Nacional, para solucionar o poner en cintura las causas de la violencia?. Tenemos que esperar a suscribir un Acuerdo de Paz, con un grupo de alzados en armas, para iniciar todo ese ciclo necesario, urgente e inmediato, como se requiere, de políticas y de estrategias para desarrollar formas de contrarrestar los fenómenos que han dado origen a dicha situación política?.

Es ilusorio saber y pensar en alcanzar un proceso de negociación y de Paz, sin que en el curso de dicho proceso, no se adopten mecanismos de parte y parte, para minimizar las causas o las fuentes de la violencia en Colombia. Pero cuando se dan estas negociaciones y lo refrenda la opinión pública nacional, el delito y las formas de impunidad, de negación de la sanción punitiva, crece día a día, como consecuencia de falta de políticas criminales y de políticas sociales unificadas en beneficio de la sociedad colombiana.

Entonces todo esto del posconflicto no es más que un distractor de necios, cuando realmente el escudo de las negociaciones y el llamado referendo o tratado de Paz, no es realmente el querer de los que están negociando o no quieren dimensionar realmente el valor y la trascendencia de los efectos del mismo, por cuanto no se ponen en práctica mecanismos para hacerlo posible.