Rama judicial paralizada

El inconformismo generalizado por la aplicación incoherente de la política económica del gobierno nacional, ha venido generando un malestar social entre los diversos actores de la vida social del país. Lo anterior se ha visto reflejado en la oleada de paros del sector público, que se empezaron a presentar desde la semana inmediatamente anterior, propiciados por los sindicatos en que se encuentran organizados los servidores públicos del Estado, como respuesta a la negativa de las demandas salariales que han sido propuestas al gobierno nacional, desde meses atrás. Estas protestas sociales se han trasladado a las calles de las principales ciudades del país, que han venido siendo aprovechadas por los trabajadores de otras ramas del poder público. Inclusive las comunidades del departamento del Chocó se encuentran en paro cívico, al igual que la sociedad en pleno del municipio de Buenaventura. Para añadir a esta problemática social, los funcionarios de la rama judicial y algunos sindicatos del Inpec, también se sumaron a las mismas, que buscan unos mayores ajustes salariales. Lo que, si es cierto, es que algunos representantes del alto gobierno, han firmado meses atrás, algunas actas donde se han comprometido a cumplir con los puntos pactados que se han logrado suscribir para levantar los anteriores paros, pero que han sido engañados de manera reiterativa por parte de los despachos ministeriales.

En el departamento del Huila, el día anterior se paralizaron los despachos judiciales, provocando la suspensión automática de las diligencias y audiencias judiciales. Actualmente se están atendiendo los casos urgentes como audiencias de legalización de capturas y la definición de la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Es importante que se defina de una vez, el levantamiento definitivo de este paro para que se continúe, con la normalización de las labores de este importante sector de la justicia. Las peticiones gremiales que han planteado los voceros de este sindicato al gobierno nacional, son muy ajustadas a la realidad. Las oficinas se encuentran saturadas de expedientes, poseen una infraestructura, logística y tecnología inadecuada y atrasada, carecen de los equipos y materiales básicos, para su normal funcionamiento y los salarios que perciben la mayoría de los funcionarios, son inequitativos, frente a los demás servidores del Estado. A esto se le suma también el inconformismo de los guardianes del Inpec, que también se han sumado parcialmente a esta protesta social. Lo preocupante de esta situación es la verdadera realidad fiscal que presentan las finanzas públicas de la Nación. El abultado déficit provocado por el aumento desbordado de los gastos de funcionamiento, los crecientes escándalos de la corrupción que ha permeado las altas esferas de la administración pública, el incremento de la deuda externa, el costo del posconflicto, entre otros factores, han ocasionado un panorama incierto para el equilibrio de las finanzas públicas, colocando en serios aprietos al Estado, para atender satisfactoriamente las crecientes demandas sociales.