Qué país

Cuando leí la frase del maestro Darío Echandía “Este es un país de cafres” estimé que se había ido la mano, incluso que le había faltado  al respeto a los colombianos. Sin embargo, repasando las páginas de la historia de su tiempo, pude advertir que había tenido carácter y razón para hacer tal afirmación. Si hoy viviera el prestante líder tolimense, seguramente coincidiría con la expresión de un comentarista deportivo que para significar su repulsa y condena por el vil asesinato del gran humorista y mejor colombiano Jaime Garzón, dijo: “Este es un país de mierda”. De nuestra parte, aseveraríamos que este es país de ratas. ¿Y por qué? se preguntarán algunos lectores. Veamos. Para hablar de un pequeño ejemplo y prueba de los niveles de corrupción a los que se ha llegado en el Estado. La Contraloría General de la República ha concluido una de las miles investigaciones que adelanta sobre el manejo inescrupuloso y de bandidaje de los recursos del erario. Ayer, reveló ante los medios de comunicación nacional que constató irregularidades en los procesos de traspaso de vehículos y motocicletas, que se hicieron en el Senado de la República, por fuera de los términos legalmente establecidos. Agregado a ello estableció que algunos de esos automotores, pese a haber sido adjudicados hace varios años, siguen figurando ante los entes de tránsito como propiedad del Senado de la República. Y más, algunos fueron traspasados a nombre de personas indeterminadas y otros en favor de beneficiarios diferentes a los adjudicatarios reales de la subasta. La Contraloría determinó que estas irregularidades se tradujeron en daño patrimonial al Estado de $1.765 millones. Allí va el proceso que se inició por denuncia del expresidente del Senado Luis Fernando Velasco.

Éste es un de los miles de casos, como escribimos, del saqueo que a diario se hace a las arcas de la nación, los departamentos, municipios y otros entes oficiales. Sobre este caso no se sabe sino del retiro de la huilense Magdalena Morera, quien tuvo papel protagónico en la subasta en mención. Ella sigue alegando su inocencia, que deberá probar. Pero, el interrogante que sigue es: ¿quién o quiénes van a responder por la cuantiosa cifra de $1.765 millones?

Así, no es exagerado afirmar que estamos en un país de ratas. En algo ayudan para esa calificación los hechos de corrupción que han invadido el departamento de La Guajira, con un exgobernador sindicado de asesinato y defraudación del fisco y su sucesora destituida por señalamientos de malos manejos del presupuesto. Y qué tal los actos clientelistas de la Procuradora General de la Nación (e.).