Que también renuncien los directivos

La renuncia de Armando Ariza Quintero, a la dirección  administrativa de la Caja de Compensación Familiar del Huila acosado por los líos judiciales que lo mantienen privado de la libertad juntos a otras ocho personas - como se lo habia  pedido nombre de la sociedad huilense en esta columna –debe ser el primer paso para la reestructuración total  de esa entidad.

Igualmente deben renunciar los miembros del Consejo Directivo Andrea del Pilar Bautista, Miguel Antonio Navia, Jose Adan Rodriguez, Humberto Novoa, Francisco Javier Lozano, Francisco Arturo Ibarra, Jairo Areiza, Miller Silva Luis Alberto Trujillo y Jose Daniel Chalela, si tienen verguenza. 

Todos deben dar un paso al costado porque también son corresponsables del grado de deslegitimación de su ejercicio por presuntamente haber omitido el cumplimiento de sus funciones otorgadas al momento de su elección y designación.

Algunos llevan más de veinte años ocupando la dignidad y tenían que conocer perfectamente cuál era la situación de la Caja, pues su función es vigilar y controlar la operación, la prestación de los servicios y el manejo administrativo y la funcionalidad de la entidad.

También debe renunciar el Revisor fiscal Yesid Orlando Perdomo a quien la ley y los estatutos le imponen la obligación de examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, correspondencia y negocios de Comfamiliar y pese a tener unos 18 años ejerciendo el cargo, tal parece que esta obligación era un saludo a la bandera que no se cumplía a cabalidad por temor reverencial, razón por la que se generó la delicada situación.

Esta demanda es categórica, porque se trata de la empresa privada más importante del Huila, la mayor generadora empleo en el departamento, en la que por lo menos 2.300 personas están vinculadas directa e indirectamente, y si la dejan acabar será un golpe muy fuerte para la economía y el desarrollo regional.

Si ellos no toman la decisión voluntariamente debe ser la Superintendencia de Subsidio Familiar la que intervenga con el fin de ayudar a solucionar esta crisis, la más difícil de los últimos tiempos, reconociendo que en sus primeros años de la mano de Ariza Quintero la entidad logró escalar peldaños importantes.

No es el propósito atacar a las personas sino defender a esa empresa, en donde todo tampoco es malo, ya que según expertos obtuvo el séptimo lugar entre las 43 cajas de compensación del país y el año pasado ocupó el puesto 168 entre las mil empresas más importantes de Colombia, y generó utilidades superiores a los 21 mil millones de pesos.

Y aquí está el dilema mayor ya que por falta de control Comfamiliar se salió de sus cauces sociales para las que fueron creadas las Cajas de Compensación, cuyo objetivo  original era la administración de las prestaciones sociales de seguridad social para el desarrollo y bienestar del trabajador y su familia, y esto se perdió porque ahora lo que hace es contratar de todo, es competencia de todos y genera riqueza.

Al obtener ganancias económicas como único fin se pierde la filosofía de las cajas, cuyo propósito debe ser netamente social e igualmente ser reguladora de precios, no competencia de los mismos empresarios que la sostienen con los parafiscales, como ocurre ahora.

El Consejo directivo y el Revisor Fiscal fueron permisivos y pecaron por omisión, porque ellos tenían la obligación de revisar como representantes del Estado y de la sociedad todos los movimientos del director y sus funcionarios.

Mientras tanto debe ser  la sociedad la que este atenta para evitar que la Caja de Compensación Familiar del Huila, debido a este escollo siga sufriendo descalabros que pongan en peligro su estabilidad y la prestación normal de sus servicios que deben ser estructurados para que cumpla sus funciones sociales, pero de la mano de nuevas personas.