Que se declare la emergencia carcelaria

El principal agravante de todo esto no es la protesta, ni las injusticias que se puedan estar cometiendo con los trabajadores judiciales, lo preocupante en este momento son las condiciones infrahumanas en las que están miles de detenidos en todo el país, en todos los casos durmiendo en condiciones precarias, recibiendo una alimentación deficiente y con serios problemas de salubridad, utilizando un solo sanitario (grupos de más de 100 personas) y compartiendo espacios muy reducidos que propician la propagación de enfermedades.

Como vemos el panorama es más que nefasto. Lo que está claro es que a estos detenidos, en la mayoría de los casos simplemente indiciados, se les están violando todos los derechos, sobre todo al someterlos a tratos que no se compadecen con la condición humana.

Y en medio de todo esto encontramos un Gobierno indolente que pareciera importarle poco o nada lo que están padeciendo estos colombianos, personas de carne y hueso que si bien han cometido errores, tienen unos derechos que están consagrados en la Carta Política y que el Estado debe garantizarles.

No se entiende cómo después de 90 días de paro judicial, de una operación reglamento de Inpec que lleva varios meses y de las múltiples denuncias de los medios de comunicación, no ha sido posible que el presidente Santos y sus ministros, en este caso los titulares de las carteras de Gobierno y Justicia, tomen cartas en el asunto y planteen soluciones de fondo a una problemática social que ya tiene tinte de bomba de tiempo.

No hay que ser un experto jurista para establecer que es urgente la declaratoria de la emergencia carcelaria, una medida que le permitiría al Estado destinar recursos de otros rubros para orientarlos al mejoramiento de las condiciones de los miles de presos que hoy padecen el cruel trato.

Necesitamos más guardias, más y mejores cárceles, pero sobre todo un Estado que no sea indolente con sus connacionales.