Que pase algo

Lo es, y en forma prioritaria, terminar con el inhumano hacinamiento que en la actualidad se registra en todas las cárceles del país –sin excepción- como también acabar con los desagradables privilegios de los ahora conocidos delincuentes de cuello blanco, quienes tienen hasta la posibilidad de hacer fiestas privadas en sus sitios de reclusión, sin que medie autorización de una autoridad judicial.

En promedio, según las cifras suministradas por el propio INPEC, el hacinamiento en las cárceles es del 54,6 por ciento. En centros carcelarios como el localizado en Rivera, Huila, el hacinamiento es superior al 75 por ciento, convirtiéndose la situación en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar.

A esto podemos sumarle que desde la mayoría de centros de reclusión del país se están realizando las extorsiones a comerciantes y empresarios y en todos los casos -eso también está confirmado- se hace desde teléfonos celulares, cuyo uso está tajantemente prohibido en todos los centros penitenciarios.

Entonces surgen unas preguntas: ¿cómo entran estos celulares a las cárceles? La respuesta es ampliamente conocida. En la mayoría de los casos con la complicidad de personal adscrito al INPEC, pues son ellos los encargados de la seguridad y vigilancia y los únicos que podrían permitir que este tipo de anomalías se registren.

No podemos olvidar que la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría, adelanta muchos procesos por violación de los Derechos Humanos en las cárceles del país, cuyas víctimas son los detenidos.

Entonces se resume la situación en corrupción, hacinamiento y violación de derechos humanos, entre otros ‘pecados’ que tienen agonizando al INPEC, en la mira de varios políticos que hoy están viendo en la Institución una posibilidad para sacar reductos electorales.

De los 138 penales a cargo del Inpec, todos registran hacinamiento y en todos hay denuncias de corrupción. Entones la problemática es grave y generalizada, pudiendo afirmar que la entidad agoniza, luego de un proceso de antropofagia que se venía venir desde hace varios años.

Liquidar el INPEC puede no ser la solución, pero sí es necesario hacer algo que ponga freno a la corrupción reinante en el sistema carcelario y sobre todo terminar a la mayor brevedad con la violación a los derechos de los internos.

Algunos ya plantean la privatización como solución, algo que no es descabellado, sobre todo por las exitosas experiencias que al respecto se han visto en otras naciones.

Por el momento podemos decir que en buen momento nuestros congresistas decidieron tomar cartas en el asunto para que el Estado inicie los correctivos.