Que así sea
El Gobierno Nacional anunció ayer que “blindará” los procesos de licitación de concesiones de la denominada cuarta generación, donde estarán incluidos proyectos prioritarios para el desarrollo del departamento del Huila.
Pólizas de seriedad y cumplimiento de cada uno de los contratos, con lo que se espera garantizar la capacidad económica e idoneidad de los oferentes.
La principal vigilante y garante de la transparencia de estos proyectos será la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el único propósito que los procesos de contratación tengan los resultados esperados y de paso que no se cuelen contratistas con empresas de papel que terminen incumpliendo y generando los retrasos en las obras, algo que infortunadamente se volvió en normal y hasta cotidiano en nuestro país.
Según la ANI, a los grupos a quienes se les adjudique las nuevas concesiones de cuarta generación, deben disponer de los recursos y la capacidad necesaria para garantizar la exitosa culminación de las obras. Estos requisitos están contemplados desde el inicio del proceso, para prevenir que los adjudicatarios incumplan con sus obligaciones contractuales.
Aseguran en un comunicado que “los procesos de precalificación incluyeron la evaluación de requisitos habilitantes técnicos y financieros. En el proceso de licitación, se está exigiendo a cada uno de los proponentes garantía de seriedad de las ofertas y cupo de crédito que evidencie su capacidad para hacer los aportes de capital propio una vez se les adjudique el contrato”.
Como vemos lo que está haciendo la ANI es cumpliendo al pie de la letra la Ley 80 (o Estatuto de Contratación), lo que sin duda nos permitirá que las obras se ejecuten en los plazos establecidos y que no existan los consabidos sobrecostos que para el caso de los contratistas se llaman adiciones.
Tal vez lo único diferente a la Ley 80 que ahora exige la ANI es que en el contrato de concesión, a los grupos se les exige una póliza de cumplimiento, equivalente al 15% del valor del contrato, un monto considerable que garantiza y da tranquilidad al Estado.
Bajo el nuevo esquema de concesión, el contratista sólo tendrá derecho a recibir su retribución –recursos de peajes – una vez la ANI reciba las obras a satisfacción.
Como vemos, el Gobierno tiene la firme decisión de ser muy estricto en el cumplimiento de los requisitos y quien no lo haga sencillamente no podrá ser adjudicatario de las obras, algo que debe adoptarse como premisa para toda la contratación en el país.
