Qué inseguridad

Ésta semana el país fue enterado que la Corte Constitucional decidió, con mayoría apabullante, dejar sin efecto la modificación fundamental que traía consigo la denominada reforma del equilibrio de poderes. En una sorpresiva decisión, dispuso –en lo que se conoce-, que al suprimir la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Congreso de la República había sustituido al Constituyente primario y por esa vía, se había excedido en sus facultades.

Aunque es ésta la precaria información que se tiene y que como en otros caso da lugar a múltiples interpretaciones -como ha sido usual por ese odioso sistema de anunciar el sentido del fallo y sólo luego dar a conocer sus motivaciones-, lo cierto es que preocupa el futuro de otros trámites que podrían llegar a conocimiento de aquel Alto Tribunal y concretamente el tema de los Acuerdos de Paz.

Y es que como lo afirma el adagio popular, “en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Gobierno y las FARC, antes que estar preocupados por lo que se dijo y no se dijo y por otras cuestiones menores, deberían dedicarse a estudiar la fórmula jurídica que logré sacar avante los diálogos de paz y así evitar que una Corporación Judicial, nominada en parte por el mismo ejecutivo y legislativo, más no elegida popularmente, no termine haciendo vano el esfuerzo de años y las millonarias inversiones que ya se están haciendo en publicitar resultados que tal vez queden en el limbo jurídico por una mera decisión judicial.

No hablo en términos jurídicos. Pero decir que se ha variado el espíritu de la Carta Política de 1991, luego de más de 42 reformas constitucionales que han tocado en su mayoría la parte orgánica de la misma, sin hablar de los ajustes a la regulación de Derechos fundamentales no deja de ser un motivo más que preocupante para avizorar el juicio de constitucionalidad que los mismos Magistrados tendrán del proceso de paz y sus resultas, que más que jurídico, es fruto de un proceso atípico y reglado en el camino.

Todos los procesos de justicia transicional se caracterizan, por definición, por la falta de normas exhaustivas regulatorias. Imponen reconocer en la legalidad a situaciones y personas que en un momento dado no lo eran, circunstancias que no solo están lejos de avenirse a la Constitución, sino que además, no tienen formula de tratamiento en ese texto superior.

Otra piedra en el camino para el proceso de paz y ésta sí que tiene riesgos: La de arropar bajo la juridicidad, cuestiones que las mayorías populares tal vez no comparten. En fin, qué inseguridad.