Protesta y campanazo de alerta al Gobierno
Nunca había visto que nuestra polarizada opinión pública se pusiera de acuerdo para rechazar manera conjunta y enérgica un nuevo atentado contra sus propios derechos, la exploración petrolífera en la cuenca del rio Las Ceibas.
Esta cuenca es esencial para la vida de los 400 mil neivanos y los habitantes de por lo menos cinco municipios del Huila y Caquetá que toman el agua que nace en el Paramo de la Siberia, en la cordillera Oriental.
El acceso al vital líquido es un derecho fundamental en Colombia, por conexidad con el derecho a la vida, porque sin agua no sería posible subsistir.
La jornada de protesta de este jueves en Neiva será multitudinaria y un hecho sin precedentes en la historia del Huila y de Colombia.
No hay diferencia de estrato ni condición social, se ha puesto en peligro la única fuente de agua con que cuenta la ciudad, y existe la energía de no permitir la exploración por motivo alguno.
Ésta marcha es una actividad propositiva defendiendo los recursos naturales y no va en contra de alguien en particular, así lo ha entendido el alcalde Pedro Hernán Suarez y el Gobernador Carlos Mauricio Iriarte, la Cámara de comercio, Fenalco y los demás gremios quienes dijeron no a la actividad sísmica.
Es un campanazo de alerta al Gobierno Nacional porque los huilenses están muy sentidos, primero fue Betania, luego El quimbo, se llevaron las regalías y ahora autorizaron la profanación de la parte alta de la cordillera, como si no interesara la vida de quienes vivimos aquí.
La gente no está de acuerdo con las normas ni los procedimientos estatales para la explotación de los recursos no renovables con el argumento de que el suelo y el subsuelo son del Estado, así lo preceptúe la Constitución.
Aquí lo que está cometiéndose es un atentado contra los derechos ambientales de una región, un delito ecológico y una violación a los derechos humanos.
Y aunque el Presidente Santos prometió que no permitirá ninguna actividad que afecte la cuenca del rio Las ceibas, ésta afirmación debe concretarse en un acto administrativo que garantice su palabra, porque la gente no cree.
El Gobierno tiene la obligación de publicar en qué condiciones cedió los derechos de sísmica para saber que terreno jurídico estamos pisando y cuál es la normatividad y el procedimiento que deben utilizar y el Gobierno y las fuerzas vivas de la región.
Que se tome el ejemplo del Parque Natural Regional Santurbán, nacimiento del agua de Bucaramanga, en donde gracias a la unión de la comunidad lograron eliminar la amenaza de la minería y ahora es una extensión que pasó de 10 mil a 52 mil hectáreas de área protegida.
Y Aunque la Corte Constitucional señaló que todo proceso en el que estén de por medio actividades mineras debe concertarse con las entidades territoriales de la zona afectada, sino hay unión de la comunidad serán palabras que se lleva al viento.
Finalmente, que la protesta no sea otro argumento de los politiqueros con el fin de subvertir el orden para conseguir sus propósitos, porque así no se jalo. Es una protesta cívica con fines ciudadanos nobles y propósitivos.
