Preferible haciendo política

Según los apartes revelados por la revista Semana, la ponencia apoya la participación de las Farc en el escenario político, llámese Congreso, alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos, bajo el criterio que la Carta Magna no puede imponer límites para la participación en política de los excombatientes.

Ese es el argumento principal de la ponencia que analizará la Corte, en la que puntualmente se pide la inexequibilidad del artículo 3 que traza que los responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidio cometidos de manera sistemática, no pueden participar en política.

La tesis pasmada en la ponencia no es nueva y por el contrario se trata del lineamiento esbozado recientemente por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien ante la propia Corte dijo que “la Constitución no puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en política de excombatientes y, también, de agentes del Estado”.

Indudablemente el tema es polémico y divide. Los más radicales que se resisten a ver a un excombatiente sentado en una curul de la Cámara o el Senado y los más tolerantes que insisten en que es mejor tenerlos en las ciudades, haciendo política, que en el monte haciendo el mal.

Para los primeros hay que decirles que la ponencia que ahora hace tránsito también fija una serie de límites, los que deberán ser tenidos en cuenta por el Congreso a la hora de regular este tema mediante una ley estatutaria.

Por ejemplo, que la participación en política está supeditada a que la persona que ha sido condenada haya cumplido la pena o que sobre él se haya extinguido la acción penal, que haya iniciado con la contribución a la verdad y en la reparación de las víctimas.

Claro está que antes que eso están otras condiciones como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas y la liberación de secuestrados, entre otras.

En esencia el tema apunta a qué sí es posible la participación en política de los excombatientes, claro está, no en el marco de la impunidad, lo que puede generar tranquilidad a los más radicales. Por nuestra parte consideramos que para llegar a la paz hay que ceder, hacer concesiones y ser tolerantes, en el entendido que las dos partes quieren ganar. Aquí es donde cabe nuevamente la pregunta: ¿es mejor tenerlos en el monte, disparando, planeando secuestros, extorsiones y atentados terroristas, o sentados en la curul del Congreso debatiendo los temas del país? Creemos que la respuesta es solo una.